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La reciente reforma tributaria tuvo como fin[i], según la exposición de motivos, avanzar en materia de inversión, empleo, crecimiento y competitividad, mediante una reforma estructural con un sistema tributario más equitativo, eficiente y sencillo, fortalecido en la lucha contra la evasión y la elusión. Teóricamente la lucha contra la evasión y la elusión serían la punta de lanza de esa reforma estructural, pero solo se llegó, como era predecible, a arbitrar más recursos. La falencia es que no se trabajó el gasto, pues como quedó evidenciado en el articulado, no solo es importante tener dinero para gastar que de eso sabe muy bien el ministro, si no saber gastar bien, que de eso poco sabe el Gobierno. Por eso en esta reforma tributaria se creó una nueva Comisión de Expertos (Artículo 361). Como es de dominio público, en esta reforma primó el “disponer de dinero”, que fue lo que en última instancia recomendó la pasada Comisión de Expertos ad honórem –ordenada por la Ley 1739 de 2014-. Esta Comisión debía revisar la normativa tributaria y presentar recomendaciones al Gobierno Nacional. La nueva Comisión de Expertos ad honórem debe dar recomendaciones para saber gastar y enfocarse en el estudio integral del gasto público y de la inversión pública; revisar los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica y los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto, con el objeto de proponer reformas orientadas a fortalecer la equidad, la inclusión productiva, la formalización y la convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales, la redistribución del ingreso, la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado. Curiosamente la antigua comisión se denominaba Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria. La Comisión, que debe entregar sus resultados a comienzos de 2018, será la punta de lanza de la Reforma Tributaria de 2018 que, adelantándonos a la lucidez de Minhacienda esta sí será la reforma de la equidad, y tendrá, a no dudarlo, a la OCDE como uno de sus defensores de oficio que vendrá a pasar la cuenta de los premios y celebraciones de 2016, en tanto que otros -con nueva cédula en mano que los acreditará como ciudadanos de bien-, exigieran el cumplimiento del cheque de la equidad. Eso se llama abonar el terreno. Pero además confirma la tesis de que para no hacer nada es mejor nombrar una Comisión. Es larga la lista de comisiones que se han creado para estudiar el gasto público cuyos informes deben ocupar un buen espacio en el Ministerio de Hacienda. Y en esa materia seguimos en lo mismo. PD: ¿Qué hacemos con DNP si una Comisión puede hacer su trabajo? (el análisis de impacto del gasto público en los indicadores sociales y en la disminución de brechas de inequidad en las diferentes regiones del país; recomendación de procesos de coordinación para la gestión eficiente del gasto evitando duplicidad y optimizando la contratación a través de la estandarización de estructuras de costos de los servicios sociales y demás suministros que requiere de manera recurrente el Estado, etc.) Alfonso Santana Díaz, economista
[i] Ley1919 de 29 de diciembre de 2016