Al costo más alto posible

La paz no tiene precio. Pero tiene costo. Pues vamos a pagar el más alto posible.   Anif, en el único documento serio sobre los costos de la paz hoy disponible, estima que el llamado “dividendo de la paz” es inexistente, pues el Estado no puede reducir el gasto en seguridad. No hay ahorros en materia del presupuesto en Defensa, sobre todo a la luz del deterioro de la situación de orden público, la proliferación de bandas criminales y ‘disidencias’ de las Farc.

La Asociación estima que el mayor crecimiento derivado de la paz puede estimarse entre 0,5 y 1 % anual, lo que no es despreciable, pero que no se está verificando, pues la economía parece haber entrado en un ciclo de crecimiento lento, como lo ratifica el primer trimestre, en el cual el resultado fue un desapacible 1,1 %. 

Los beneficios pueden darse o resultar una falsa esperanza. Pero los gastos de la paz hay que asumirlos en el muy corto plazo. Anif proyecta que los compromisos de La Habana implican aumentar el gasto público en 2,23 % del PIB, y luego en 3 % del PIB adicional para sostener el esfuerzo pactado. De cumplirse lo acordado, la paz costaría, en unos pocos años, 5,3 % del PIB. Pero como la paz no tiene precio…

El mayor costo no es el presupuestal. El peor, el más grave y el imperdonable costo que debemos asumir es haber permitido el renacer de los cultivos de hoja de coca. Las cifras de Naciones Unidas, amigas del gobierno y de la paz, son aterradoras. En la administración de Santos hemos retrocedido a las horribles épocas de Samper, donde el país estaba dominado por el narcotráfico. Pasamos del ya muy elevado nivel de 96 mil hectáreas sembradas en el 2015 a la impresionante cifra de 146 mil hectáreas el año pasado con un aumento del 52 %. Dado el descontrol que se observa en las antiguas zonas de influencia de las Farc, este año la cifra debe estar rondando las 180 mil hectáreas, un récord histórico.

Los fondos de inversión están leyendo la coyuntura y empiezan a liquidar sus inversiones. El crecimiento famélico, las expectativas de los empresarios por el suelo, el clima político enrarecido y el gobierno sin recursos ni credibilidad. Los portafolios que han invertido en acciones y papeles colombianos están reacomodándose, pues saben que la economía no da más. 

En La Habana se realizó una revolución en la mesa de negociaciones, donde el gobierno, en su máxima irresponsabilidad, aceptó todo tipo de exigencias que sabía que no eran realistas, pero confiado en que el problema era para las administraciones futuras. La guerrilla no pondrá ni un peso para la reparación de víctimas. El Estado, que somos los colombianos, pagaremos todo lo acordado en La Habana. Las Farc lo han dicho muy claro, y el Gobierno les ha aceptado el argumento, que ellos cumplieron con entregar una parte de las armas. No pagarán por sus delitos ni por los daños ambientales. Tampoco harán nada para erradicar la coca o limpiar las minas antipersona. A partir de ahora, el que tiene que cumplir es el gobierno con el dinero de los ciudadanos.   Publicada en el periódico Portafolio, Julio 11 de 2017.