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Uno de los mayores obstáculos que tiene el sector privado en Colombia es la inestabilidad jurídica. Las decisiones judiciales, los excesos regulatorios, las circulares abruptas y la ausencia de reglas claras están espantando a inversionistas en sectores estratégicos para el país.
La presión normativa es tan absurda, que en los últimos 16 años se han producido más de 68 mil resoluciones, 17 mil decretos y un poco menos de 3.000 circulares, cada una con implicaciones para el desarrollo de negocios en el país. Así es prácticamente imposible tener un claro entendimiento, monitoreo y adaptabilidad de los procesos económicos a cada una de estas medidas. Si no obramos para que esto cambie, será imposible que exista un marco transparente para que las empresas se expandan y surjan nuevos negocios de manera dinámica. Como si fuera poco, es absurdo ver el interminable número de ventanillas a las que tienen que acudir los empresarios: la Dian, el Invima, la UGPP, la Anla, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin mencionar otras de carácter regional como las corporaciones autónomas, las cámaras de comercio e instrumentos como Sayco, Acinpro, entre otros. Esa multiplicidad de ventanillas hace que los trámites sean engorrosos, que se generen costos adicionales y, lo que es peor, terminan generando, en muchos casos, una maraña de peregrinaje burocrático e inclusive de corrupción. Trámites y más trámites se ven en la minería, la ganadería, la industria y el comercio, los restaurantes, el turismo, etc. Estamos viendo, además, la proliferación de decisiones judiciales donde por la vía jurisprudencial se quieren hacer reglamentaciones a distintos negocios. Hoy las cortes se han convertido en sus intérpretes, llenando vacíos normativos o regulatorios de la ley y generando una interminable incertidumbre. Ha llegado el momento de actuar y la forma de hacerlo empieza por un Estado eficiente que asuma unas decisiones claras e incontrovertibles. En primer lugar, hay que darles a los sectores condiciones para operar de manera sostenida y sin incertidumbre. Es urgente actualizar el Código Minero para que todos los vacíos regulatorios estén llenados en las propias normas. Tenemos que hacer una revisión de todos los trámites del sector privado ante el Estado y llevarlos a su mínima expresión, creando una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento (VUC). Esto haría al Estado más ágil, más transparente y con más capacidad de control, reduciendo costos y generando confianza. Es necesario que desde la Dian disminuyan los tiempos para devoluciones de impuestos y períodos de fiscalización, y que entidades como el Invima puedan otorgar certificados de buenas prácticas de manufactura de manera rápida, sin sacrificar la calidad de la inspección, pero corrigiendo la situación que se vive hoy, en la que empresas competitivas se están tardando doce o catorce meses para recibir unos permisos que les permiten hacer transformaciones industriales y productivas. Colombia necesita un Estado ágil, moderno, transparente que corrija el error histórico de ver al sector privado solo como una fuente de ingresos fiscales y entienda que este es un socio que necesita para la generación de empleos formales, que a su vez es la más importante de las políticas sociales a las cuales podemos aspirar. Con mayor formalización laboral, el país empezará a tener sistemas de salud, pensionales y tributarios sostenibles, y así consolidar el camino a la equidad. *Precandidato presidencial CD El Colombiano, Medellín, 14 de agosto de 2017