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Don dinero en las elecciones

Por CONtexto ganadero - 23 de Noviembre 2015

En la columna anterior nos referimos a la propuesta del exministro Perry Rubio de suprimir la financiación privada de las campañas electorales.

En la columna anterior nos referimos a la propuesta del exministro Perry Rubio de suprimir la financiación privada de las campañas electorales.   Es un tema de especial relevancia en nuestro acontecer democrático, ya que basta repasar desde el mandato Samper, elegido por el cartel de Cali, hasta la captura de Gobiernos locales con la plata paramilitar;  desde la confesión pública de Mancuso de haber comprado el 34 % del Congreso hasta los alcaldes impuestos por las Farc y los recursos de Chávez para expandir el Socialismo del Siglo XXI y, sin olvidar, las uñas de la casta felina y la más reciente “mermelada”. Si, basta ese repaso para comprender que se vuelve imperativo afrontar el desorden moral en el que se ha precipitado la política colombiana.   Los riesgos de tal financiación siempre han estado presentes: Comprometer el  interés público, “privatizar la toma de decisiones de los elegidos”, tendencia al oligopolio por prevalencia de los ricos en la política, y la consiguiente inequidad. Pero en las democracias ha primado la concepción idealista de la libertad y los partidos son reconocidos como los voceros del interés general. Desafortunadamente, la opinión pública no lo ve así en la Colombia de hoy.   Se hace urgente, pués,  prohibir la financiación privada de las elecciones para volver al cauce de una Democracia respetada. (Claro, habría que reglamentarla cuidadosamente para aminorar la carga del Estado). Los retos que nos plantea el futuro exigen el regreso de nuestros dirigentes al cultivo de las virtudes políticas que han construido la República.   El anhelado escenario de la paz debe ser, ante todo, transparente, limpio, para que abra las puertas a lo ético en la actividad pública y clausure esta etapa de corrupción abrumadora que asfixia y estrangula nuestra democracia.   Es un cambio necesario ante los hechos acusadores y permitirá adaptar, tardíamente, los mecanismos institucionales a la elección popular de Alcaldes y Gobernadores. Implica, por supuesto, la participación de todas las fuerzas políticas en los organismos oficiales correspondientes y obligará a consolidar la Rama Electoral, con independencia real, alta respetabilidad y presupuesto propio.   Una mirada al mundo democrático europeo puede servirnos de guía. En esos lares, el aparato judicial, el de control fiscal y el electoral gozan de inmenso prestigio y sus providencias acatadas y respetadas. Y se cumplen. No se trata de innovar, de copiar. Se trata de seguir los ejemplos apropiados. Este ajuste requiere voluntad inquebrantable y sentido de la enaltecedora misión de la política que es conducir a las naciones, a los pueblos, a estadios de dignidad, soberanía y bienestar. Se necesita visión de Estado.