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El país despierta

Por - 10 de Noviembre 2017

La Ley de Justicia, en el gobierno de la Seguridad democrática, desmovilizó a más de 50.000 alzados en armas, unos 32.500 de las autodefensas, 17.000 de las FARC y 2.500 del ELN. Con todas sus imperfecciones, condenó a los cabecillas a penas efectivas de 8 años de cárcel y a la extradición sin contemplaciones de los reincidentes.

Los listados de las Farc, con todo y reapertura para colar a socios narcotraficantes, no pasan de 8.000 desmovilizados. Sin embargo, para su reinserción el Gobierno se dejó someter a una negociación extorsiva que modificó sustancialmente las instituciones, garantizó impunidad total y, como si fuera poco, pretende permitirles participación política automática, incluida la elección presidencial, lo cual ha generado un rechazo generalizado.   Las reacciones del Gobierno han sido erráticas. Cuando había que venderle al país las negociaciones, Santos afirmó que no habría impunidad, que los delitos de lesa humanidad pagarían cárcel, que no habría curules gratis; en fin, una sarta de falsos compromisos que la realidad convirtió en vulgares mentiras.   En una segunda etapa el discurso cambió, siempre con la promesa extorsiva de la paz, o mejor, con la amenaza extorsiva de la violencia. Hasta con la guerra urbana asustó Santos a los electores. Entonces quedó claro que habría curules gratis y gabelas con las que ningún partido había soñado. Las Farc participarán en política, defendía Gaviria, jefe de debate del SÍ, pero con el argumento sibilino de que el país no los quiere y no votará por ellos. Aténganse a la Virgen y no corran; con disidencias armadas y plata del narcotráfico todo puede pasar. Pregúntenles a los venezolanos que hoy deambulan por nuestras calles.   La última salida presidencial es insólita e irrespetuosa con las víctimas: “Para qué entregaron las armas, si no era para llegar al Congreso”. Ah, ¿era solo para eso?, ¿y la paz? Santos debería dejar de engañar al país. Claro que los miembros de las Farc pueden llegar al Congreso, el problema es cuándo. Antes de presentarse a la justicia y cumplir las penas que les impongan, así la una y las otras sean de mentiras, su participación en política es una afrenta a la democracia. De hecho, esa ya es una concesión enorme de nuestro ordenamiento constitucional, que no tiene ningún colombiano condenado.   Mientras el presidente recorre el mundo recibiendo medallas, el país despierta de la promesa de una costosa paz. Siente que le hacen conejo con la verdad, que no quieren reconocer sus delitos y esconden sus ingresos y propiedades ilícitas, mientras presionan para violar su propio Acuerdo y abrir sus listas para colar Dios sabe a quién. De la justicia ni hablar; la impunidad para delitos atroces será una mancha vergonzosa para la democracia. Y de reparación nada; que lo digan las víctimas.   Pero quizás lo más grave es el conejo a la garantía de no repetición, al futuro de Colombia. El informe de la OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz) es espeluznante. Mientras el Ejército dice que no hay evidencia del ELN en antiguas zonas de las Farc, la OEA encontró que es el principal beneficiario del reacomodo, porque lo que hubo fue ‘reacomodo’ de actores ilegales. Y lo que es peor, las comunidades mismas reconocen que las Farc facilitaron esa expansión del ELN, sobre todo en Catatumbo y Cauca, mientras su disidencia Gentil Duarte recluta niños en Guaviare y otros grupos raptan niñas como compañeras sexuales. El país despierta engañado, con la paz muy lejos y el Congreso muy cerca para las Farc.