JEP o Inquisición

La Inquisición fue el nombre que se les dio a las instituciones dedicadas a suprimir la herejía en la era medieval europea.   Para proceder, se contemplaban juicios severos donde los Tribunales de Santo Oficio obligaban a que se denunciara a todos los sospechosos de deshonrar a la Iglesia, exigiendo a quienes pudieran sentirse culpables, que se denunciaran a sí mismos y mitigaran sus penas.

En las estructuras de la Inquisición las denuncias podían ser anónimas para tener validez. Las investigaciones eran exhaustivas y secretas y bastaba con cualquier menor indicio para producir la captura y encarcelamiento de los acusados. Las garantías procesales eran pocas y el acusado no tenía siquiera el derecho a conocer a sus acusadores. Con esas graves características, el tribunal procedía con sanciones que podían incluir la pena de muerte.   ¿Sirven para algo estos antecedentes? Por supuesto, especialmente para que esta trágica historia nunca se repita y por el contrario se tenga como referencia que una justicia sin garantías es opresiva y que la presunción de inocencia, donde el acusador debe demostrar con contundencia lo contrario, es de la naturaleza del Estado de Derecho.   Mientras pensamos en la Inquisición y sus errores, Colombia discute en el Congreso la columna vertebral de los Acuerdos entre Juan Manuel Santos y las Farc: la Justicia Especial para la Paz, JEP. Esta nueva institución jurídica ahora se denomina Justicia Transicional, para revestirse de características especiales que le permiten relativizar las penas o darles connotación alternativa bajo el “loable propósito superior de la paz”.   ¿Pero nos debe preocupar la JEP? La respuesta es sí. Se quiere dar vida a un tribunal que no tiene definido una temporalidad instructiva, es decir, podrá investigar “todos los delitos” desde que se inició el “conflicto colombiano” con las Farc. Sin ningún rubor podrá ir hacia el día de la fundación de las Farc para darle contexto a cualquier investigación, partiendo de la premisa de que ese grupo armado ilegal surgió en el ejercicio del derecho a la “rebelión”.   Entre las perlas que hoy se identifican de la JEP sorprende que el Gobierno quiere excluir al Ministerio Público como garante del debido proceso.   Adicionalmente, se quiere incluir una peligrosa cláusula según la cual el Estado queda obligado a indemnizar si alguno de los sancionados es eximido de dicho pago. Como si fuera poco, los máximos responsables de delitos de lesa humanidad pertenecientes a las Farc podrán ejercer el pleno goce de sus derechos políticos sin tener que cumplir primero sus generosas y “alternativas’’ penas. Y cientos de militares podrán aceptar delitos que no cometieron con el incentivo de recuperar su libertad, mientras, en paralelo, se construyen con esas autodenuncias las bases para demostrar “el delito sistemático” tan anhelado por las Farc para condenar a la Fuerza Pública.   Con estas realidades está por verse si el Congreso es capaz de defender el Estado de Derecho o por el contrario dejará que desde el Palacio de Nariño le impongan al país un remedo de inquisición.   El Colombiano, Medellín, 19 de febrero de 2017