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Muy positivo el anuncio del Gobierno, en el sentido de que reducirá cincuenta trámites que frenan la creación de empresa en Colombia. Todo lo que se haga en el campo de la simplificación administrativa es poco. Quienes trabajamos con el sector real de la economía vemos el costo desmedido y creciente del cumplimiento de las obligaciones por parte de los empresarios. En Colombia, cualquier funcionario de mediano nivel se levanta por las mañanas a diseñar un formato, un requisito o un informe que debe ser cumplido por el que genera riqueza en Colombia. Los burócratas han ido creando una muralla de reglamentaciones absurdas que lo único que generan es mayores costos para las empresas.
La Dian es experta en colgar, en cada reforma tributaria, nuevos reportes y exigencias que deben ser presentados por los contribuyentes en plazos perentorios que tienen elevadas sanciones así el sistema esté caído. Contadores y revisores fiscales saben que pueden pasar días y horas intentando cumplir con estos requisitos cuyo único objetivo es poner, a los que pagan tributos, a producir la información que la administración de impuestos debería recabar.
Las superintendencias son campeonas en solicitar datos inútiles cuyo propósito es el de contar con “bases de datos actualizadas”, que luego nunca se pueden consultar y que no están al día con la información estadística. Por el mismo sendero están las cámaras de comercio, cuya función de promoción de la actividad privada está cada día más desdibujada, pues son verdaderos bastiones políticos regionales, donde lo importante es quién domina la junta directiva. Aquello de promover la libertad de empresa, simplificar trámites, generar eficiencias y reducir el despilfarro quedó en los anaqueles.
A medida que la importancia jerárquica de la entidad disminuye, aumenta su celo intervencionista. Una entidad departamental no tiene burocracia competente, no cuenta con buenos sistemas de registro y control, pero es infalible cuando se trata de sancionar. No prestan casi ningún servicio, pero son eficientes en contabilizar intereses moratorios sobre el incumplimiento de trámites onerosos y dispendiosos.
Ni hablar de las entidades locales, siempre dispuestas a entorpecer cualquier negocio con todo tipo de normas que involucran a los cuerpos de bomberos, la Secretaría de Salud, los derechos de propiedad de la música que se escucha, el tamaño de los avisos, la calidad de las uñas de las dependientes, la selección de las basuras, las áreas de parqueo, y el listado continúa. Mientras tanto, el informal, que ocupa el espacio público enfrente del local multado, no recibe ninguna sanción ni debe cumplir con ninguna exigencia por parte de las celosas autoridades locales.
En el fondo, el problema es que el funcionario de turno cree que el ciudadano está a su servicio. Apoyado por los políticos que piensan que su gestión se mide por el número de leyes, ordenanzas o acuerdos que hacen aprobar, la telaraña de normas absurdas, abusivas y liberticidas crece sin remedio.
Buen punto el del gobierno al querer racionalizar uno de los aspectos de la tramitomanía. Pero hay que ir más allá y recordarle al burócrata que quien paga su salario es aquel que él se encarga de martirizar y abrumar con sus normas. Es hora de que el funcionario esté al servicio del ciudadano, y no lo contrario. Portafolio, Septiembre 18 de 2018