Lo que Santos no dirá a Trump

En América Latina, la persecución de los disidentes políticos no es sólo una anomalía venezolana, donde hay unos 180 presos políticos. Por ejemplo, en Ecuador, los propietarios de medios y periodistas han tenido que huir al exilio por criticar al presidente Rafael Correa. En Bolivia, el predecesor de Evo Morales y muchos de los miembros de su gabinete también están en el exilio, buscando protección contra una vendetta política. Santos ha guardado silencio sobre todas estas situaciones.   Esto es así, en gran parte, porque él no quiere que nadie se centre en su propio récord interno. Santos, en alianza con una facción politizada del Poder Judicial, ha emprendido una persecución sistemática contra líderes políticos críticos de su acuerdo con las FARC, el cártel de cocaína más grande del mundo, cuya arremetida de medio siglo segó más de 250.000 vidas y desplazó más de cinco millones. El acuerdo exonera de la cárcel y prohíbe la extradición de los miembros de las FARC responsables de crímenes atroces -masacres, secuestros y narcotráfico- y también les otorga el derecho a postularse para cargos públicos.   El caso más flagrante de persecución política está dirigido a mi ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien actualmente está solicitando asilo en los Estados Unidos. Como ministro, Arias encabezó la reducción de los cultivos de coca a niveles históricamente bajos para 2010, lideró la negociación del TLC USA-Colombia, y fue siempre uno de los críticos más enérgicos de las FARC. En el momento en que decidió postularse a la presidencia en 2010 en defensa de la política de mi administración contra el narcoterrorismo, se convirtió en el blanco de la persecución judicial politizada, que continúa hasta nuestros días.   Arias fue acusado injustamente de un plan de fraude en un programa de subsidios de riego, que fue operado con cooperación técnica de la Organización de Estados Americanos. Fue encarcelado durante dos años mientras estaba en juicio.   Las personas que se beneficiaron del presunto fraude testificaron que nunca conocieron a Arias, que él nunca estuvo involucrado en sus malas acciones y que nunca le dieron nada, ni contribuyeron a su campaña presidencial.   La Procuraduría de Colombia, órgano independiente, solicitó su absolución de todos los cargos y descartó cualquier fechoría de Arias en sus finanzas personales y las de su campaña.   A pesar de todo esto, Arias fue declarado culpable y sentenciado a más de 17 años de prisión.   Para empeorar las cosas -y desafiando las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional– a Arias se le ha negado sistemáticamente el derecho de cualquier apelación de su condena.   Para asegurar la extradición de Arias a Colombia, Santos ha tratado de resucitar un extinto tratado de extradición entre nuestros países.   Colombia extradita personas a los Estados Unidos, basado exclusivamente en el derecho interno colombiano, no en un tratado. De hecho, el mismo Santos se negó previamente a extraditar al notorio narcotraficante Walid Makled a los Estados Unidos, y en su lugar lo envió a Venezuela, justificando su decisión diciendo que el tratado de extradición con los Estados Unidos no estaba en vigor.   Pero dado que los Estados Unidos sólo pueden extraditar en virtud de un tratado, ahora Santos ha afirmado que el tratado es válido, para poder obtener la extradición de Arias e impedir su solicitud de asilo en los EE.UU. Veremos lo que Santos tiene que decir sobre el tratado cuando el Presidente Trump solicite la extradición de un cabecilla de las FARC.   Desafortunadamente, Arias no es la única víctima de la persecución política en Colombia. Más de una docena de líderes de la oposición han caído presa de las mismas tácticas del gobierno de Santos. Varios miembros de mi gabinete también han sido perseguidos y condenados por antiguos magistrados de la Corte Suprema que explícitamente decidieron sus casos políticamente y no de acuerdo con la ley, según revelan grabaciones de sus sesiones hechas públicas por medios colombianos.   La persecución política en Colombia pone en peligro la perspectiva de paz a largo plazo en nuestro país. El pueblo colombiano no puede entender por qué los líderes de la oposición son silenciados y perseguidos, mientras que los cabecillas de las FARC reciben amnistía completa y una plataforma política privilegiada que les permite postularse a cargos públicos.   Espero que la persecución política en Colombia no pase desapercibida por demasiado tiempo. En todo caso, esta es la lección más importante que debemos aprender: la negligencia de la comunidad global ante los tempranos signos de la caída de Venezuela en un gobierno autoritario.