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Se anuncia que 1.200 guerrilleros serán parte de la Unidad Nacional de Protección y cumplirán la tarea de escoltar a los jefes de las Farc. Si se considera que los guerrilleros desmovilizados serán cerca de 7.000 (la cifra ha ido creciendo: primero se había hablado de menos de 6), estaríamos en que casi el 20 % de esa guerrilla seguirá armada, sin contar los comandantes y las disidencias vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Esos 1.200 son un 30 % más que todo el M-19 que, cuando se desmovilizó, tenía 917 miembros. Es decir, nos quedamos con una guerrilla armada por cuenta del Estado. Y esos guerrilleros harán ‘presencia’ en las mismas áreas en que las Farc han sembrado terror por décadas. ¿Cuál será el impacto en esas poblaciones de ver aun armados a los guerrilleros que asesinaron, secuestraron y extorsionaron por décadas? El poder de intimidación de los fusiles no solo quedará intacto, sino que ahora tendrá bendición oficial.
Por cierto, Santos había dicho que “es mentira, absolutamente falso, que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros de un millón 800 mil pesos. Por supuesto todos los colombianos que ganan menos dicen ¿y nosotros qué? Ser bandido entonces paga” y terminó con un rotundo: “mentiras”. Pues no, no eran mentiras. Y sí, el resto de los colombianos hemos concluido, con todas las ventajas que les da el acuerdo remendado a los guerrilleros, que con Santos ser bandido paga. Espero, en todo caso, que a esos 1.200 guerrilleros que ganarán 3 veces el mínimo no se les pagará el estipendio de casi $700 mil mensuales establecido para todos los guerrilleros por 2 años. Ni los $10 millones adicionales pactados para un proyecto productivo. Sería inaceptable. Esas sumas tiene excusa para quienes no tienen empleo. Como es inaceptable y peligrosísimo que otros más de 100 guerrilleros hagan parte del área administrativa de la Unidad Nacional de Protección, con acceso a información de seguridad y muy sensible de los distintos personajes nacionales a los que tiene por tarea cuidar esa Unidad. Y con esto no estoy diciendo que no pueda y deba haber algunos guerrilleros cumpliendo tareas de protección de los comandantes. Pero deben ser pocos, no deberían estar en las áreas en las que antes delinquían, y esos equipos deberían ser mayoritariamente compuestos por miembros de la Fuerza Pública. Muy grave también es que no se vaya a recoger y guardar la información sustantiva de las armas que se entregarán y destruirán: el tipo y serial del arma, que permite establecer su origen, y las huellas helicoidales, que sirven para individualizar cada una de ellas. Cuando un revólver, una pistola, un fusil o una ametralladora disparan, el tubo del cañón por donde sale la munición hace unas estrías en esa bala. Esas estrías son únicas e irrepetibles, como huellas dactilares. Hoy, a través de análisis técnico balísticos, es posible establecer exactamente el arma que disparó una bala en particular. El Gobierno ha alegado que ‘la paz’ exige sacrificar la justicia, pero que a cambio habrá verdad. Pues bien, es imposible que haya verdad si no es posible establecer que arma fue usada para asesinar o herir a alguien. Y eso no puede hacerse si se destruyen antes de establecer su serie y las huellas helicoidales que producen. Finalmente, ¿porqué la entrega de las armas será en secreto, sin presencia de autoridades y de medios? ¿Qué se esconde detrás de tanto sigilo? El País, Cali, 05 de marzo de 2017