Sabotear la JEP de las Farc

Por: 
Eduardo Mackenzie
16 de Marzo 2017
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¿Qué pasaría si dejamos de repetir que “El Congreso aprobó la Justicia Especial para la Paz”? ¿Qué ocurriría si cuestionamos esta otra frase: « La JEP será incorporada a la Constitución de Colombia”. ¿Qué pasaría si nos distanciamos de tales sofismas y si aceptamos pensar por nosotros mismos?
¿Qué pasaría si dejamos de repetir que “El Congreso aprobó la Justicia Especial para la Paz”?  ¿Qué ocurriría si cuestionamos esta otra frase: « La JEP será incorporada a la Constitución de Colombia”. ¿Qué pasaría si nos distanciamos de tales sofismas y si aceptamos pensar por nosotros mismos?
 
Podríamos decir, en ese caso: “La JEP que aprobó ayer el Senado no es más que una impostura”. Como personas libres podríamos plantear estas ideas: “Por ser la ley de una tiranía la JEP no obliga a nadie” y “La justicia de las Farc, JEP, debe ser saboteada desde ya”.
 
Rechazar ese ectoplasma, JEP, es cuestión de vida o muerte para Colombia.
 
Las leyes  tienen la fuerza que los ciudadanos le atribuyen.  Las leyes son aplicables cuando la sociedad las acata. Sin consenso genuino las leyes solo son unos gramos de tinta sobre un papel. El objetivo de la ley, decía Montesquieu, es formar la libertad política. Lo que firmaron ayer 61 senadores, desoyendo el clamor de los colombianos, que se expresaron contra ese adefesio en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, no es una ley que debe ser respetada.
 
La ley concebida por un grupo particular para socavar el interés general no tiene  sentido, no fomenta la libertad, ni hace prueba de moderación. Es un texto extremista, detestable. Que debe ser desobedecido. Las mayorías le dan la espalda y esa ley inicua pierde su razón de ser. Y quien intente hacerla cumplir tendrá que emplear la violencia contra los resistentes y devendrá un verdugo. Y este perecerá sin que su violencia y sus leyes hayan servido para nada.
 
Esas consideraciones cobran vigor ahora, tras el espectáculo grotesco ocurrido ayer en un salón del capitolio Nacional.
 
Sin un asomo de curiosidad crítica, la prensa dice hoy que la JEP “será la encargada de definir la situación jurídica de los miembros de las Farc, pero con características diferentes a la jurisdicción ordinaria”. En la misma frase, sin embargo, agrega que la tal “jurisdicción” tendrá que “basarse en el Código Penal Colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional”. Falso. ¿Acaso la JEP puede ser anormal y a la vez normal? Ello es  un imposible lógico. ¿Si debe basarse en el código penal colombiano y en las normas de derecho penal del mundo civilizado por qué  le dan el epíteto de “especial”?
 
Esa “jurisdicción” no es ni especial ni es ordinaria. Es  una aberración. Es una inmensa transgresión. Es un acto contra la civilización y la concordia humana. Disculpar, amnistiar y premiar con la libertad y con privilegios de todo tipo a los peores criminales no arrepentidos del continente americano es una locura y ningún apelativo podrá quitarle ese carácter.
Es un insulto a la inteligencia decir que la JEP respetará las normas penales colombianas e internacionales, las cuales prohíben, precisamente, conceder la impunidad a quienes han cometido crímenes imprescriptibles, como son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
 
La prensa debería cesar de autocensurarse, y hablar claramente del acto bochornoso de ayer en el Senado. Debe llamar a ese voto por su nombre, y mostrar su contenido y sus objetivos y advertir que estamos ante la pieza clave de un mecanismo infernal diseñado para acabar con el sistema democrático.
 
La prensa y los publicistas deben cesar de repetir la consigna castrista de que la JEP hará parte de la Constitución colombiana. Lo aprobado ayer no fue una reforma constitucional. Nada fue aprobado. Ultrajando a millones de patriotas,  los senadores votaron un texto demente inventado por Cuba que jamás tendrá legitimidad ni existencia real en Colombia.
Colombia sería el único país del mundo en donde una banda criminal vencida va a juzgar a la sociedad vencedora y no lo inverso. Cinco personas escogidas por las Farc (tres de ellas son extranjeras y son conocidas por su militancia marxista), nombrarán los 80 jueces que tendrán por meta dejar en libertad a los jefes narco terroristas y condenar a los civiles y militares que lucharon contra ellos para preservar las libertades democráticas. Será un tribunal para ejercer venganzas contra los que se oponen al cogobierno Farc-Santos. La verdadera justicia será barrida por ese sistema infame que el Senado, según la prensa, aprobó ayer. El mundo debe enterarse de eso.
 
Uno de los artífices de la JEP, Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del presidente Santos, gesticuló hoy amenazante: “Quien no reconozca la JEP, ni acuda a sus distintas instancias, se somete a privación de la libertad hasta por 20 años en cárcel”. Quien se someta al engendro tendrá “sanciones restrictivas de la libertad con un alto grado de reparación para las víctimas del conflicto”. Entendamos: bastará que los terroristas reciten la lista de las monstruosidades que cometieron para quedar libres. A los otros (militares en especial y civiles de todos los sectores –expresidentes, políticos, juristas, periodistas, religiosos, sindicalistas, obreros y campesinos--, les abrirán procesos stalinistas y les reabrirán los procesos anteriores y los juzgarán de nuevo y ninguna vida será lo suficientemente larga para ver el fin de esos juegos macabros. 
 
Colombia debe defenderse contra la enorme amenaza que pende sobre su cabeza. La justicia de las Farc debe ser saboteada desde ya. Hay que discutir cómo comenzar esa urgente tarea. Hay que tejer la unidad ciudadana más férrea y lanzar la movilización más determinada contra eso. Salir a las calles para reforzar las protestas del próximo 1 de abril será el primer paso en la buena dirección: construir los bastiones para dejar sin piso a la perversa JEP.