Campesinos de Bolívar enfrentan una inminente quiebra a raíz de desalojos

Pequeños agricultores y campesinos de Bolívar que pasaron de ser víctimas de la guerra para serlo del Estado manifiestan una gran preocupación por cuenta de los desalojos. Aseguran que si el Gobierno les llega a quitar su único patrimonio, podrían quedar en la calle.   CONtexto ganadero conoció las historias de varios productores que están enfrentando esta situación. Una de ellos es Miguel Germán Valeta, un agricultor y ganadero ubicado en el municipio Córdoba, en el departamento de Bolívar, quien aseguró sentirse atropellado por el Estado y la Unidad de Restitución de Tierras.   "Yo creo que ellos (la Unidad) deberían investigar mejor a las personas a las que les quieren quitar los predios. Yo soy un campesino de bien y un comprador de buena fe. La Ley de Restitución se está convirtiendo en un problema y eso es preocupante porque las personas con poder siempre son las que atropellan a los más humildes", aseveró. (Lea: Lafaurie recorre el país para revelar las 3 amenazas del sector rural)   El campesino comentó que hace más de 13 años le compró un predio a un amigo y compadre, a una persona que conocía hace mucho tiempo. Según él, para la época pagó un precio justo por la tierra.   Expuso que la misma persona que le vendió, le está reclamando el predio, argumentando que salió huyendo de la guerra y que lo presionó para que le diera la finca a bajo precio.   Valeta sostuvo que él ha sufrido en carne propia los vejámenes de la violencia pues la guerrilla le asesinó a uno de sus amigos y nuca se hizo justicia.   Además, relató que realizando labores de la finca "desafortunadamente" perdió una de sus piernas y que aun así sigue labrando la tierra y criando el poco ganado que tiene, porque es de allí de donde obtiene sus ingresos. (Lea: Indignación por afán de Unidad de Restitución en mostrar resultados)   "La finca es lo único que tengo. Mi esposa y mis 2 hijos dependen de mí. Yo estoy enfermo, tengo más de 50 años y esto es lo único que sé hacer. Si me quitan la única propiedad que poseo me dejarían a mí y a mi familia en la calle y aguantando hambre porque no tenemos para donde ir", lamentó.   Roberto Lazcarro Silva, campesino de 70 años, ubicado en el Carmen de Bolívar, señaló que él fue víctima en primera medida porque fue secuestrado en 1991 por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Indicó que luego de que su familia pagó un rescate para que fuera liberado, quedaron muy mal económicamente.   Considera que como hace 25 años, hoy en día vuelve a ser víctima, pero esta vez del Estado porque la Unidad de Restitución le quiere quitar su predio, del cual se deriva su sustento económico, para entregárselo a la persona a quien le compró.   “Un vecino que tenía una parcela abandonada me ofreció el terreno porque él tenía problemas de embargo con la Caja Agraria y se estaba separando de su esposa. Yo decidí comprársela, me entregó los títulos, y todos los papeles”, expuso. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)   Anotó que después de 10 años, luego de invertir en sus tierras, de colocarle pastos, represa y alambrados, de dedicarse en ellas a la ganadería y a la agricultura y de asentarse en ese lugar, se enteró que la persona que le vendió la parcela de 25 hectáreas, la solicitó en Restitución.   Lazcarro Silva expuso que durante el proceso administrativo contó cómo habían sucedido los hechos, contrató un abogado, mostró sus papeles pero nada le sirvió porque ya tiene en sus manos un fallo en su contra, y que además no le van devolver ni compensar nada porque no pudo demostrar la buena fe exenta de culpa.   Asimismo, dijo que debido a esta situación él y su familia se están viendo muy perjudicados. Declaró que él a sus 70 años no conoce otra labor que no sea la del campo y que no sabe cómo va a proveer a sus seres queridos.   Por su parte, Martha María Martínez Herrera, campesina, agricultora y ganadera junto a su esposo Enrique Medina, contó que la guerrilla le asesinó uno de sus hijos en 1999, cuando vivían en El Guayabal, razón por la que salió huyendo de esa región con su familia y llegaron al Carmen de Bolívar. Contó que allí son víctimas una vez más, solo que ahora es el Estado el que los quiere sacar de su finca.   Aseguró que relatar su situación hace que la invada un profundo sentimiento de tristeza, porque en medio de su pasado lleno de violencia, de la pobreza y de las afectaciones que han sufrido por cuenta del verano, si los sacan de sus tierras a pesar de que son compradores de buena fe, no tendrán lugar al que dirigirse con sus pocas reses. (Lea: ¿Por qué el campesino tiene las de perder con la Ley de Restitución?)   Como estos, los casos se cuentan por miles en el país. Aunque se han venido lanzando alertas, gran parte de la población que se encuentra en los campos de Colombia parece no haber dimensionado la magnitud de un problema que con el paso del tiempo podría llegar a ser de inmensas proporciones. Si usted es víctima o quiere reportar algún caso escríbanos al correo [email protected].