Ni los terrenos adquiridos al Banco Agrario generan confianza

La historia de Carlos Londoño, un empresario ubicado en la zona de San Ángel, Magdalena, evidencia los vacíos de la Ley de tierras y los daños que puede ocasionar sobre aquellos que adquieren propiedades de buena fe.   Todo empezó cuando Londoño adquirió una propiedad en un remate público del Banco Agrario en la sucursal de Aracataca, Magdalena. En ese predio, de 42 hectáreas, el empresario estableció 15 de ellas para la siembra de árboles de teca, una especie maderable proveniente de Europa. (Lea: Ganaderos deben unirse para enfrentar Ley de restitución de tierras)   El productor trabajó durante 17 años en un proyecto forestal del Grupo Santo Domingo, y una vez se jubiló, uso los recursos para sembrar la madera así como lo aprendió durante su vida laboral.   Sin embargo, las dificultades empezaron 5 años después de haber hecho la compra. La anterior propietaria del terreno impugnó el remate y la determinación fue llevada hasta el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena. El fallo en ese momento reveló que el proceso había sido correcto, cumplió con los requisitos y no revistió ningún problema dándole la razón a la entidad bancaria y sus abogados.   Escuche las declaraciones de Londoño.

Pese a esa determinación, a quienes les remataron el terreno decidieron apelar la medida y trasladaron el proceso a la Corte Constitucional en la ciudad de Bogotá. (Lea: Segundos ocupantes, la otra cara de la restitución)   “La Corte dijo en el fallo que el remate había sido viciado, pues a los primeros propietarios no les informaron correctamente sobre el embargo del predio y posterior liquidación, por esa razón procedió a devolverles el terreno. A eso se les sumó que los primeros dueños impusieron una medida cautelar para bloquear el predio”, reveló el productor.   Demandas y conflicto de intereses   Al enterarse de la decisión de la Corte Constitucional, Carlos Londoño procedió a entablar una demanda contra el Banco Agrario por daños y perjuicios. La entidad al enterarse del monto de la demanda, llamó al productor para que les diera 2 meses de plazo, tiempo en el cual le iban a comprar el terreno a los propietarios y posteriormente entregárselo al afectado.   El Banco Agrario adquirió el terreno, le condonó la deuda al propietario y se lo devolvió a Londoño para que continuara con su actividad productiva. (Lea: El insólito fallo de un caso de restitución de tierras)   El problema no paró, ya que los antiguos propietarios le habían puesto una medida cautelar a los terrenos, y el gerente del Banco no les pidió a los dueños que levantaran esa determinación durante la firma de los documentos sino que esa petición le fue trasladada al Incoder.   “Incoder en su momento levantó la medida, pero esa clase de decisiones no eran de su consorte, por lo que tiempo después retractó la determinación y volvió a imponerle la medida cautelar”, narró el afectado.   El terreno era de la señora Margarita Felizzola, su hijo, Evaristo Rodríguez Felizzola, es un abogado y en ese entonces oficiaba como auxiliar de la Corte Constitucional. Aprovechando su preparación académica, Rodríguez Felizzola entabló tutelas contra el Banco Agrario, Ministerio de Agricultura, Incoder, la Oficina de Registro y a Londoño. (Lea: Víctimas de la Ley de Restitución desean justicia en 2017)   En primera instancia fueron denegadas porque ninguna de las entidades que él demandó podía entender que un predio, que ya se les había pagado y aunque hubo una falla en el servicio en el Incoder por cuenta de la medida cautelar, no había razón para que siguieran reclamando algo que ya se les había devuelto.   No obstante, el hijo de Margarita Felizzola, pidió revisión de una de las tutelas y esa falló favorablemente.   “El fallo decía que yo debía entregar el predio en 48 horas, sin ocultar que era un comprador de buena fe”, agregó. (Lea: Indignación por afán de Unidad de Restitución en mostrar resultados)   El sentido del fallo fue hace 2 años y en ese tiempo Londoño ha sido víctima de 5 desalojos. El más reciente tuvo lugar el pasado 17 de enero, en ese momento Rodríguez Felizzola llegó al predio acompañado con 14 camiones de la Policía.   Durante 6 horas estuvieron tratando de sacar a Londoño del terreno, pero legalmente no pueden hacerlo porque la Corte Constitucional dio la orden de que debe ser el Incoder el encargado de quitarle la propiedad, pero como la entidad desapareció, la Agencia Nacional de Tierras no tiene entre sus funciones la de quitar un predio particular.   “Hasta este momento hemos estado en eso, yo no me he negado a entregar el territorio, solo pido que me reconozcan los daños y perjuicios vividos, pero eso tampoco ha sido posible”, remató. (Lea: Denuncian errónea aplicación de Ley de Restitución en Urabá)