default

2. ¡De Santos nada extraña, pero por qué de un oficial de Inteligencia del Ejército!

Por - 06 de Octubre 2020

A Álvaro Uribe en el proceso electoral de 2014 lo acusaron de sabotear las negociaciones de La Habana a través de la Agencia Andrómeda que no conocía y lo vincularon al Hácker de quien supo cuando estalló el escándalo.

A Álvaro Uribe en el proceso electoral de 2014 lo acusaron de sabotear las negociaciones de La Habana a través de la Agencia Andrómeda que no conocía y lo vincularon al Hácker de quien supo cuando estalló el escándalo.

Pasemos por alto las acusaciones durante el proceso electoral de 2018 pero recordemos que a finales de 2019 llegó a la Corte Suprema un anónimo que lo acusaba de promotor y beneficiario de los perfilamientos.

Y la pregunta es ¿Qué tiene que ver lo anterior con la privación de la libertad?, veamos.

Juan Manuel Santos nombró al coronel Juan Pablo Prado Torres como director de la Dirección Administrativa de Inteligencia del Ejército. Lo trasladaron, pues venía como Jefe de Inteligencia y de Contrainteligencia. La decisión es del 14 de abril de 2014. En enero, dos meses antes, en pleno proceso electoral, acusaron a Álvaro Uribe sobre Andrómeda. Los periodistas asediaban al ex Presidente y le decían que le tenían que preguntar por Andrómeda porque les ordenaban de la Presidencia de la República. En esa misma campaña lanzan la especie del Hacker para afectar a Óscar Iván Zuluaga.

La señora Deyanira Gómez, quien aparecía como esposa y ahora ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, conocido como el testigo principal contra Uribe, hace parte de un grupo que vende una propiedad por 400 millones de pesos al coronel Juan Pablo Prado. Esta compraventa consta en la escritura 1962 de 30 de Julio de 2014, cuya ficha y la narración del negocio publicó el Portal Digital El Expediente, del periodista Gustavo Rugeles. Llama la atención que el registro de esta propiedad es del 2 de marzo de 2018. La periodista Salud Hernández-Mora registra esta información en su red social twitter.

En diciembre de 2019 llegó un anónimo a la Corte Suprema que acusaba a Álvaro Uribe de ser promotor y destinatario de los perfilamientos del Ejército contra personalidades, varias de ellas de la oposición. Álvaro Uribe llegó a insinuar que ese anónimo podría provenir de la institución militar, manifestación que sorprendió a muchos porque contrastaba con su permanente defensa de los militares.

El coronel Juan Pablo Prado fue desvinculado del Ejército el 1o de mayo de 2020, mediante decreto de la Presidencia, decisión asumida por analistas como una sanción del Gobierno a los perfilamientos.

Al coronel Prado lo han asociado con otras personas que estarían detrás de las tramas contra el Almirante Arango Bacci y del infundio del Hacker para afectar a Óscar Iván Zuluaga.

La señora Deyanira Gómez adujo que estaba amenazada, acusó con astucia a Uribe y obtuvo un asilo, cuando Uribe era llamado a indagatoria. Esta señora, con propiedades sin que tuviera los recursos, es parte fundamental en la trampa comunista que tiene preso a Uribe.