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Desde este preciso momento hasta la presentación de la ponencia el pasado miércoles para ser debatida ocho días después en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, dado que dicho proyecto cuenta con mensaje de urgencia, el mismo ha tenido tres versiones distintas.
De 100 artículos iniciales que tenía el proyecto se saltó a 143, que son los que contiene la ponencia. Como lo afirma el Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia Stefano Farné, “el término que ha fijado el Gobierno del 6 al 20 de diciembre para su discusión en plenarias del Congreso es insuficiente para un examen concienzudo de todo el articulado”.
El Gobierno le debe todavía una explicación al país del súbito cambio de la propuesta de reforma tributaria propuesta por el ex ministro Juan Carlos Echeverri y la que ahora defiende su equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. En la misma hay muchos temas tan complejos como contenciosos, como para despacharlos a la ligera y el país no entendería que por andar en estos apremios se terminara aprobando una reforma más, pasando por alto las graves falencias que acusa el Estatuto tributario, convertido en una colcha de retazos.
Entrando en materia digamos que si bien, como lo sostiene el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “esta no es una reforma para aumentar el recaudo”, y en este sentido es neutra, este es un mensaje que aunque es tranquilizador para los contribuyentes, no va en la dirección correcta.
Aunque en los últimos dos años el recaudo de impuestos ha tenido un buen comportamiento y el fisco nacional ha tenido cierta holgura debido al auge minero – energético, como lo sostiene el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega “se está recaudando el 14% del PIB en el mejor escenario, mientras que Brasil paga el 34% del PIB”. Colombia debe pensar seriamente en elevar la presión tributaria hasta equipararse con el promedio de América Latina que está en el 17%, para corregir la gran disfuncionalidad entre los ingresos y los crecientes requerimientos de recursos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda cuando se tramitó la reforma tributaria de 2002, también habló del efecto neutro de la misma y al final le salió costando un ojo de la cara al país. Entre 2003 y 2008 las gabelas impositivas decretadas en dicha reforma le costaron al fisco la friolera de $26 billones! Muchas de ellas seguirán vigentes, pese a que en el texto de esta reforma se deroga la Ley 963 de 2005 que las blindó, porque al amparo de las mismas 66 grandes empresas suscribieron contratos de estabilidad jurídica que se les garantizan hasta el término de los mismos.
Según un estudio reciente del Banco Mundial, “el costo fiscal de los gastos tributarios en Colombia oscila entre un 3% del PIB (cifras oficiales) y un 4.5% del PIB (de acuerdo a la estimación realizada en este estudio)”.
Destaca, además, el estudio que “en 2011 existían 201 gastos tributarios, lo que comparado a 127 casos en el año 2000, supone un aumento de casi 60%”. Estamos hablando de cifras que oscilan entre $19.5 billones y $29.2 billones, aproximadamente, al año, lo cual erosiona la base impositiva; de modo que la necesaria elevación de la presión fiscal pasa por la supresión de esta proliferación de beneficios fiscales, los cuales se concentran en los grandes contribuyentes. En su momento se justificaron tales beneficios con el socorrido argumento que con ello se estimulaba la inversión y el empleo. Pero, el Nobel de Economía Paul Krugman le recordó al país en un reportaje a la revista dinero, que un esquema semejante a este se ensayó durante la administración Reagan en EE.UU., y su conclusión es que solo contribuyó a elevar las utilidades de manera exorbitante, pero no generó más empleo productivo.
Ahora nos viene el ministro Cárdenas con que “hemos beneficiado mucho al capital y llegó la hora de beneficiar el empleo”, para lo cual propone “la necesidad de disminuir la presión tributaria sobre las empresas”, justo para lo mismo, para incentivarlas para que mediante el “alivio a la inversión…se promueva la formalización laboral y empresarial”. A pesar del fracaso de esta estrategia se persiste en ella contumazmente.
Hasta el exministro de Hacienda Rudolf Hommes pone en duda la eficacia de la misma; advierte él que “no se sabe si el efecto neto de estas acrobacias fiscales son favorables para las empresas y mucho menos si lo es para el empleo”. Entonces, a qué juega el Gobierno.