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En la crónica leemos que dichos salvoconductos fueron solicitados por la comisión instalada de negociadores del ELN, que Cuba fue insistente frente al gobierno colombiano para que se pusiera al día con los papeleos del caso, que los permisos se concedieron atendiendo a motivaciones humanitarias debido a que eran para atender tratamientos médicos, pero que hubo fallas en cuanto a que algunos trámites que han debido hacerse con antelación, tales como la suspensión de las órdenes de captura, no se hicieron, y que Gabino finalmente viajó y sigue allá pese a que los permisos fueron dados hasta el 6 de agosto de hace dos años y medio.
Hasta allí, vaya y venga. Como ya es costumbre, era de suponer que no faltarían quienes aprovecharan la tormenta para señalar a Santos de cómplice del ELN y, desde la contraparte, tampoco faltarían quienes la aprovecharan para criticar al gobierno Duque por sus posiciones frente al ELN y a Cuba. Hasta ahora la creatividad y el conocimiento de ninguna de las orillas a dado para algo más que para repetir cada cierto tiempo este cruce de disparos políticos. Digamos que eso ya forma parte del paisaje.
Solo aparece un nuevo elemento en este guión: esta vez nos cuentan que hay funcionarios del gobierno Duque que le piden a la Fiscalía que investigue el caso, convirtiendo con ello una contradicción de políticas públicas entre las dos administraciones y una bronca política en un problema judicial.
¡Qué vaina! Es como si fuéramos incapaces de superar ese extraño síndrome que nos impide aprender de la experiencia.
Aunque se predique lo contrario, hay quienes siguen empecinados en judicializar la política y en politizar la justicia.
No hemos logrado superar aún las crisis de todo orden que se han generado desde la manipulación política de la Corte Suprema en el proceso contra el expresidente Uribe y ya hay quienes quieren meter al país en un proceso judicial contra el expresidente Santos, también con evidentes intenciones políticas. Parece una cuestión de odios patológicos.
Es urgente pedirles a los dirigentes de este país un mínimo de coherencia, un mínimo de templanza y un mínimo de sentido democrático. Es algo tan elemental como recordarles que no pueden seguir pasando por encima de los criterios democráticos para caer siempre en las reacciones que les dictan sus pasiones y sus malquerencias personales.
Pareciera que no han podido entender que la judicialización de la política y la politización de la justicia es dañina, independientemente de contra quien disparen.
En esta refriega entre antiuribistas y antisantistas hemos visto hacer fiestas con bombos y platillos cada vez que ha habido alguna decisión judicial contra el expresidente Uribe, sin importarles qué tan hampones sean los testigos en su contra ni qué tan arbitrario haya sido que no se le hubieran aceptado pruebas que solicitó para poder ejercer el derecho elemental de su defensa. De la misma manera que resulta absurdo escuchar voces hoy que piden a gritos que se lapide penalmente al expresidente Santos por haberle concedido un salvoconducto humanitario al jefe de una organización guerrillera con la que adelantaba, de cara al país y al mundo, un proceso de negociaciones.
Con la política de paz de Santos se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Personalmente he escrito múltiples críticas a los acuerdos que firmó con las FARC, sin embargo tengo la absoluta claridad de que esa contradicción política de ninguna manera convierte al expresidente en un criminal a quien perseguir en los estrados judiciales.
Imagínense ustedes la vergüenza internacional y el costo impagable de la legitimidad de la justicia si aparece la noticia de que en Colombia se le abrió un proceso penal a un expresidente por haberle concedido un salvoconducto humanitario al jefe de una de las organizaciones guerrilleras con quienes adelantaba diálogos de paz, para que se hiciera unos tratamientos médicos en Cuba.
Esta es la razón por la cual, sinceramente, creo que el Fiscal Barbosa no va a cometer ese error.