Panamá da prioridad a la producción agraria

La Ley de Política Agroalimentaria de Estado de Panamá, diseñada para asegurar el derecho humano a la alimentación y proteger al sector productivo, ya está en vigencia en el país centroamericano.

“Es un día histórico y de mucha emoción”, dijo el presidente panameño, Laurentino Cortizo Cohen, quien subrayó que es la primera ley de este tipo en el continente, mientras que cobra particular importancia en momentos en que la seguridad alimentaria está en el centro del debate, debido a factores como la inflación global, la crisis climática y los efectos de la pandemia de la COVID-19.

El presidente explicó que la ley busca crear las condiciones para que todos los ciudadanos puedan acceder en todo momento a alimentos sanos y nutritivos y a precios accesibles; al mismo tiempo, favorece la competitividad del sector agrario, haciendo foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental de la producción de alimentos y el bienestar de los habitantes de las zonas rurales.

Adicionalmente, la norma declara como prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional por su papel central para la estabilidad social, política y económica del país y como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población.

El Ejecutivo consideró que la Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), –aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional de Panamá en octubre pasado– marca un ejemplo a seguir para otros países, ya que establece políticas que favorecen la soberanía alimentaria.

La sanción de la norma se hizo durante la Feria Turística y Agropecuaria de San Sebastián de Ocú, en la provincia panameña de Herrera, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama; el ministro consejero para Asuntos Agropecuarios de la Presidencia, Carlos Salcedo; y el representante del IICA en Panamá, Gerardo Escudero, entre otros miembros de organismos internacionales.

“No podemos privilegiar las importaciones de alimentos como hicimos en el pasado. Cuando se necesiten, podemos ponernos de acuerdo en qué productos hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no vamos a importar alimentos cuando están nuestros productores cosechando”, agregó Cortizo.

Manuel Otero, invitado especial a la sanción de Ley de PADE

Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) fue invitado especial a la sanción de la llamada Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), en la cual el IICA tuvo una participación relevante en el proceso de discusión y elaboración de dicha norma.

Por su parte, de director del IICA, Manuel Otero, explicó que la ley da previsibilidad al sector agropecuario de Panamá, mientras que fue redactada sobre la premisa de que no existe soberanía alimentaria sin que los agricultores estén arraigados en las zonas rurales y desde allí proyecten sus vidas y las de sus familias.

La ley es fruto de un proceso de discusión de más de dos años entre los sectores público y privado de Panamá, en el que el IICA prestó asistencia técnica; a partir de ahora el Instituto participará también en el diseño de la implementación de las políticas y por esto, se prevé un portafolio de proyectos de inversión por más de US$1.200 millones para los próximos diez años, con el foco puesto en la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social de Panamá.

Cuatro ejes de reformas de la PADE

La llamada Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), impulsa cuatro ejes de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá, como son: uso de agrotecnología y cadenas productivas de valor; educación agroalimentaria integral; marco jurídico del sector público y modelo de gestión; y modelo de bienestar para las familias rurales.

También se fijan los objetivos de fortalecer la política agropecuaria con la incorporación de ciencia y tecnología y de enfrentar los efectos del cambio climático y se hace hincapié en que la producción agropecuaria como indispensable, no solo para la producción de alimentos sino también para la mejora de las condiciones de vida de la población campesina e indígena que habita las zonas rurales.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el de Economía y Finanzas, será el encargado de construir el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, con una vigencia mínima de diez años, según determina la ley. Algunos de los objetivos que deberán estar incluidos en el Plan son la mejora de las condiciones de vida de los habitantes rurales; la promoción de la competitividad, la gestión eficiente de los territorios rurales y el fomento de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.