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Algo está muy mal en la ingeniería colombiana. El caso de Hidroituango es el último en una serie de descalabros de grandes obras públicas y privadas.
No es el momento para señalar responsables ni identificar las causas de este desastre sin precedentes. Será necesario esperar los estudios y análisis respectivos. Sin embargo, hace años que el ejercicio de la ingeniería está en entredicho.
Desde el escándalo de la represa del Guavio, que fue el primer megarrobo de la historia de Colombia, el desarrollo de proyectos públicos de infraestructura ha estado en el centro de los escándalos.
El sector está también plagado de corrupción, sobrecostos, demoras y sobornos.
El maridaje entre obra pública e ingeniería, como los casos del Carrusel de la Contratación, Odebrecht o Reficar, son hoy sinónimo de todo lo que está podrido en el país. Las obras públicas constituyen un eslabón clave en la mermelada y en los abusos en la ejecución de los presupuestos oficiales.
Las firmas de ingeniería, grandes financiadores de las campañas políticas, son actualmente expertas en derecho administrativo, pues hacen fortunas demandando al Estado y obteniendo jugosas indemnizaciones, no siempre merecidas.
Los ciudadanos ven la pésima calidad de las obras. Apenas inauguradas las carreteras se presentan derrumbes, hay problemas con el manto asfáltico y los peraltes.
Proyectos como el Deprimido de la carrera 30 en Bogotá tardaron en construirse como las pirámides de Egipto y quedaron mal. La carretera de Cali a Buenaventura, el túnel de La Línea o las continuas interrupciones de las troncales nacionales donde colapsan las bancas o se taponan los carriles son algunos ejemplos de proyectos de baja calidad y evidentes problemas técnicos.
En Colombia es común encontrar señales que dicen: “Falla geológica, área en observación”. Pasan décadas sin que nada se haga al respecto, como si la ingeniería no tuviese respuestas para los problemas planteados.
Nadie dice que nuestra geografía sea sencilla, pero hay un problema de fondo con el diseño, la ejecución y el mantenimiento de nuestras infraestructuras.
Algo sucede en las facultades de ingeniería donde se ha perdido la mística de una profesión que otrora tuvo mucho prestigio. Hay una profunda crisis ética en la formación de los ingenieros.
La ciudadanía piensa, con bastante razón, que los contratos de los grandes proyectos públicos están plagados de irregularidades y hechos de corrupción. La justicia tiende a la dureza con los funcionarios públicos vinculados y es bastante débil con quienes, desde el sector privado, han sido cómplices y actores de los descalabros.
Los costos de lo ocurrido con el proyecto de EPM serán colosales para la economía. Hidroituango es otro proyecto en el cual la ingeniería le queda debiendo al país. Portafolio, mayo 22 de 2018