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¡Atención!, este es un aviso, antes de que se cierre el acceso a todas las formas de reparación en el marco de la Ley de Víctimas -Ley 1448 de 2011-; un aviso dirigido a las que, por la razón que sea, no se declararon como tales por delitos cometidos contra ellas desde el 1º de enero de 1985.
En efecto, la Ley 2343 de 2023 no solo amplió a tres años el plazo, desde la ocurrencia del hecho victimizante, para declarar la condición de víctima ante la Procuraduría, Defensoría, personerías y consulados, sino que les dio un “último chance”, hasta el 29 de diciembre de 2024, a las que nunca lo hicieron dentro del plazo original de dos años.
Es una oportunidad para los ganaderos, victimizados desde los años 60 del siglo pasado por las guerrillas comunistas, con la falsa narrativa de que sus tierras habían sido robadas a campesinos e indígenas, y con la consigna de la revolución mexicana, adoptada por el comunismo internacional, de “la tierra para quien la trabaja”, discurso con el que justificaron su violencia…, discurso que todavía seguimos escuchando.
Luego, cuando perdieron el apoyo del comunismo internacional, se financiaron con “retenciones económicas” -secuestro-, “impuestos revolucionarios” -extorsión- y despojo de tierras, delitos que también practicaban los llamados paramilitares. Eran las épocas de “si no paga, se muere” y “si no vende, negociamos con su viuda”, épocas que, infortunadamente, se están volviendo a asomar. Al final, unos y otros terminaron como narcoterroristas en lucha por el control territorial para sostener sus rentas ilícitas en la “Colombia profunda”.
Es una historia que nunca dejaré de contar, porque ese entorno de violencia es el vivido por los ganaderos, que no pueden trastear con sus animales y, en la vulnerabilidad del campo abandonado, no solo fueron víctimas de asesinato, secuestro, extorsión y despojo por todos los violentos, sino convertidos en victimarios por las narrativas de la izquierda.
“Tras de cotudos con paperas” decían los abuelos, pues semejante estigmatización a los más de 600.000 productores terminó haciendo invisibles a las víctimas ganaderas, que no podían serlo para una sociedad que los percibía como victimarios.
Por ello, bajo el liderazgo voluntario de María Fernanda Cabal, la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, creó el programa “Acabar con el Olvido” y publicó un informe en 2009, que rescató del anonimato a 3.293 ganaderos víctimas de asesinato y secuestro.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, Fundagán decide acompañar a las víctimas ganaderas en la reivindicación de sus derechos y, en 2013, publica un segundo informe, con más de 6.000 víctimas de diferentes delitos.
Aún faltan nombres en esa lista macabra, la de un verdadero genocidio contra la ganadería, aunque en este país sean las narrativas perversas las que dictan en los medios y en las redes qué víctimas son importantes y cuáles no lo son. Los ganaderos están entre estas últimas, con los héroes de la Fuerza Pública, a los que, inclusive, la Corte Constitucional les negó un espacio en un Museo de la memoria histórica que, al parecer, solo contará media historia.
Por ello, frente al “último chance” de la Ley 2343 de 2023 a las víctimas para ser reconocidas, Fedegán y Fundagán redoblarán esfuerzos por hacer visibles a las víctimas ganaderas, porque no hay víctimas de primera y de segunda; porque sigue siendo necesario “Acabar con el Olvido” de las nuestras.
Y lo más grave…, porque esa lista de la ignominia aún no se cierra. Esta semana, en la que dos fincas fueron invadidas en Córdoba, dos ganaderos, los hermanos Lelis y Hernando Santana, fueron asesinados en Arauca. ¿Hasta cuándo?
