La JEP imputa a integrantes de la Farc-EP crímenes cometidos contra ganaderos y otros sectores

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y por crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.

Esta es la segunda imputación, y la primera regional, que se realiza del Caso 01 (ver en CONtexto ganadero: Las FARC tienen la obligación de informar quiénes ayudaron a la política criminal y sistemática para los crímenes de lesa humanidad contra los ganaderos: Fundagán). La primera fue contra el último Secretariado de las Farc-EP por la política nacional. En esta se llama a reconocer responsabilidad a quienes comandaron la estructura que operó en el sur del Tolima, Quindío y Huila.

Los imputados por la Sala de Reconocimiento son Luis Eduardo Rayo, conocido como 'Marlon'; Enoc Capera Trujillo, 'Giovanni'; Jhon Jairo Oliveros Grisales, 'Armando Pipas'; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, 'Gonzalo'; Édgar Ramírez Medina, 'Onofre Camargo'; Víctor Hugo Silva, 'Erick' o 'el Chivo'; Raúl Agudelo Medina, 'Olivo Saldaña' y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como 'Teófilo'.

La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González que componían el Comando Conjunto Central.

Así mismo, la Sala determinó que Álvaro Henner López, conocido como 'J.J' o 'Jhon Jairo Paz Guevara' y Gustavo Bocanegra Ortegón, 'Donald', son máximos responsables por su participación. Aunque estos dos no tuvieran mando sobre las estructuras del Comando Conjunto Central, son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima.

La Sala de Reconocimiento determinó que estos antiguos miembros del Comando Conjunto Central materializaron las políticas trazadas por el antiguo Secretariado en torno al secuestro, que se clasifican en tres tipos: secuestros para financiar la organización; secuestros para forzar el intercambio por guerrilleros presos y secuestros para contribuir a mantener al control territorial.

Ver video: Caso 01 | Radiografía del secuestro perpetrado por las Farc-EP durante el conflicto armado

El secuestro como política de financiación de CCC

El Comando Conjunto Central (CCC) jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros.

En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un sofisticado sistema de extorsión por medio de “nóminas" de extorsión enfocado en sectores de la región: transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, y tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa o ser secuestrados como penalidad por no aportar esa tasa.

El Comando Conjunto, fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y con los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al Secretariado.

Para financiarse, esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro: cuando las víctimas no pagaban las cuotas o cuando necesitaban más dinero, recurrían a privarlas de la libertad y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades e incluso ponían explosivos en sus lugares de residencia o de trabajo para presionar el pago.

El Comando Conjunto Central secuestró personas que residían en la zona que ya venían siendo extorsionadas, en Tolima y Huila, que contaban con prósperos centros agrícolas por el cultivo del café, el arroz, así como por la ganadería y el comercio.

La mayoría de los secuestros con fines económicos fueron reportados en los municipios de Murillo, Ortega y Venadillo. También secuestró a personas que procedía de Bogotá, Ibagué y Neiva y viajaban con frecuencia a fincas de descanso en Tolima y el norte del Huila. Sobresalen los secuestros cometidos en zonas vacacionales en torno a la represa de Prado y el eje Girardot-Melgar.

El Comando Conjunto Central también realizó privaciones de la libertad con fines de control territorial, especialmente en los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima, Planadas, Ataco y Rioblanco, áreas históricamente controladas por unidades de las Farc-EP en el sur de ese departamento.

Su presencia y control sobre la zona del suroccidente del Tolima, especialmente en el Cañón de las Hermosas, caracterizó su despliegue territorial en la década de los noventa fue notorio su dominio en el suroccidente del Tolima, zona de origen histórico de las FARC-EP en Marquetalia. Incluso al Frente 21 se le llegó a conocer como el “juzgado 21" por impartir justicia guerrillera en el suroccidente del Tolima.

En tres casos también privaron de la libertad a miembros de la fuerza pública para forzar un canje por guerrilleros presos, y lo entregaron a otros Bloques.

La Comisión Financiera Manuelita Sáenz

Los antiguos comandantes de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz que sobrevive, han reconocido su responsabilidad en versión voluntaria, y han aportado mayor información sobre su funcionamiento que es coherente con la información brindada por la Fiscalía en sus informes.

En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva 'Erick' o 'el Chivo', uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el Secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado.

Esta presión por resultados del Secretariado, de conseguir dinero para financiar las operaciones militares de las antiguas Farc-EP, y de esta manera ganar la guerra, fue comparada por el comandante de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz con las ejecuciones extrajudiciales (´falsos positivos´) cometidas por miembros de la fuerza pública, práctica criminal que buscaba dar la sensación de que se estaba ganando la guerra en el campo militar; el muerto en combate era el resultado más importante. Así lo ha señado la Sala de Reconocimiento en el Caso 03.

En el caso de la Comisión Financiera, la presión era por conseguir dinero para financiar la guerra a como diera lugar, en particular cuando se agotaron las rentas de la amapola, sin que estos ingresos se reemplazaran con dinero del tráfico de pasta base de coca.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Como parte del trámite judicial y su obligación de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas, la JEP espera la ampliación de la información entregada por los comparecientes frente a hechos concretos, como entregar información de personas que habrían sido secuestradas y luego desaparecidas.

En ese sentido, los 10 comparecientes imputados tienen 30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas que conduzca a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.

La Sala, además, fijó un término de 30 días hábiles para que los comparecientes reconozcan o no su responsabilidad en los hechos e identifiquen la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad. Quienes reconozcan su responsabilidad podrían recibir una sanción propia y quienes no su proceso será remitido a la UIA para que inicie un juicio adversarial donde podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.

El secuestro como crimen de lesa humanidad

La Magistrada Julieta Lemaitre señaló, en rueda de prensa, al referirse a la intención de construir la paz de la JEP, es cambiar la narrativa -y la narrativa es lo que consideramos que es normal-: no puede ser normal que una persona por tener plata la secuestren como una manera de quitarle la plata. Es un crimen de lesa humanidad. Eso no es amnistiable. El secuestro no es un crimen contra la gente rica. El secuestro financiero es un crimen contra la familia.

“Es cierto -es fácticamente cierto- que la mayoría de la gente que las Farc secuestraron, no tenían plata. De hecho, casi nunca daban con alguien que tuviera la plata que ellos querían. Secuestraron principalmente comerciantes, ganaderos, agricultores, que vivían en la zona, gente que vivían de su trabajo y que trabajaban la tierra... no era la gente que ellos (las Farc) tenían en su imaginación (los grandes terratenientes, los oligarcas, los ricos). La posición nuestra (de la JEP) en el cambio de narrativo, es que no importa quién sea (el secuestrado), es un ser humano que tiene una familia, y esto es un crimen contra la familia, un crimen contra el amor… No hay justificación alguna para privar de la libertad a la gente… es un crimen de lesa humanidad.

Ver [Declaración y rueda de prensa imputación Comando Conjunto Central extintas Farc-EP Fuente: Elaborado con base en boletín de prensa de la JEP