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Comienza 2026 con una sensación de prosperidad efectiva para aquellos colombianos que verán incrementados sus ingresos por encima de sus expectativas, gracias al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno, el cual, sin embargo, es una suerte de “regalo envenenado”, porque no solo es un aumento irresponsable, sino también vindicativo y, por supuesto, “electoral” de cara a las elecciones de 2026.
Vamos por partes: sin duda es un “regalo”, pues el inesperado 23,7% está lejos del 16% que los trabajadores exigían, y de la posición inicial del Gobierno, del 12%, como le soltó en su momento a los medios el ministro Benedetti.
¿Por qué envenenado? Precisamente porque es un aumento irresponsable. El Estado es un gran empleador, pero sus finanzas se encuentran al límite y ahora debe asumir un costoso aumento para los empleados públicos de salario mínimo, además de la nivelación de los pensionados de Colpensiones en esa condición –53% del total– y de los regímenes especiales.
Un reciente análisis de Portafolio señala que la generosidad populista del Gobierno se ha venido financiando “al debe”. Entre agosto de 2022 y octubre de 2025, el endeudamiento del Estado pasó de $804 a $1.180 billones, un aumento del 46%, concentrado en deuda interna de corto plazo y altas tasas. En su informe de diciembre, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lanzó una señal de alerta: La deuda bruta del Gobierno Nacional Central alcanzó 64,1% del PIB en octubre de 2025, el nivel más alto desde 2001. Aun así, la plata no alcanza. La caja de la Nación, que cerró noviembre en $7,1 billones, los primeros días de diciembre apenas superaba el billón de pesos, una cifra muy inferior al promedio histórico.
Por supuesto que ese alto nivel de gasto público “al debe” infla el crecimiento de la economía en general. El comportamiento del empleo es apenas un botón de muestra. El Gobierno saca pecho con el desempleo de un dígito –8,8%–, pero el DANE reconoce que, en gran parte, la disminución obedece a 235.000 nuevos empleos públicos durante 2025, la mayoría por prestación de servicios, una modalidad inestable que el Gobierno ataca, al tiempo que la utiliza intensamente… en época preelectoral.
La irresponsabilidad se empezará a sentir cuando esos empleos públicos desaparezcan… después de elecciones, pero, sobre todo, cuando los altos costos de la contratación privada se traduzcan primero en la suspensión de nuevos empleos y luego en la disminución al mínimo de los ya existentes, algo que afectará principalmente, y con alto impacto social, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan cerca del 80% del empleo del país.
Además de irresponsable, el abultado incremento del mínimo es también “vindicativo”; tiene un tufillo de venganza y pretende ser una demostración de fuerza contra el Congreso que no se tragó enteras las reformas de Petro y se resiste a aprobarle tributarias disfrazadas de leyes de financiamiento.
Por último, sin duda es un incremento político-electoral. Son más de cuatro millones de colombianos agradecidos que irán a las urnas pocos meses después de recibir su primer sueldo aumentado. Es una estrategia que ya ha usado el progresismo en el vecindario. Sin eufemismos, es una descarada compra de votos y una lesión enorme a la democracia.
En ese contexto, quien reemplace a Petro en agosto de 2026 no la va a tener fácil. Con una economía más indexada con el salario mínimo que con la inflación, la destorcida de esta última, del empleo y del crecimiento económico se empezará a sentir desde este primer mes del año, para el cual, aunque suene a paradoja, les deseo a los colombianos… prosperidad.
