¿Colombia debe volver a la seguridad democrática?

Por: 
Eduardo Mackenzie
19 de Enero 2020
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Esta vez no sólo pretenden enlodar al ex presidente Álvaro Uribe y a altos mandos del Ejército, sino también a Rafael Nieto, un abogado, exviceministro de Justicia y excandidato presidencial del Centro Democrático. La tortuosa maniobra no prospera, pero muestra que los extremistas están urgidos y se saben perdedores.

De manera desesperada aplican la cobarde táctica de la calumnia preventiva, contra unos y otros, utilizando operadores judiciales bajo influencia y las páginas de una revista que acepta jugar un papel abyecto.
 

Un fiscal ordena investigar a un general (r.) de Colombia porque un semanario clama, sin aportar pruebas, que ese alto militar cometió un delito. Un fiscal que baila al son que le dicta una revista debería regresar a la facultad de Derecho.
 

La apertura de una investigación penal debe ser motivada factualmente. Sin embargo, el fiscal (e) Fabio Espitia ordenó indagar al general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército, pues un semanario, conocido por su enfermizo antimilitarismo, lo acusa, sin pruebas, de estar involucrado en un caso de intercepción de teléfonos. El general Martínez, quien durante su carrera militar no había sido acusado de nada, refuta la acusación. El ministro de Defensa rechaza a su vez las insinuaciones de la revista.
 

Sin sentirse aludido, Espitia anuncia que “pedirá la información” que no tiene todavía para ver qué aparece. En otras palabras, el expediente está vacío, pero él espera que alguien lo llene. El gesto de disparar primero y preguntar después es criminal.
 

Obviamente, el objetivo central de esa campaña es el linchamiento del ex presidente Uribe. ¿Por qué? Porque la venganza de los comunistas contra él no ha llegado a término.

Durante sus dos mandatos, Uribe puso fin al desarrollo orgánico de las Farc, les destruyó sus cabezas “históricas” y los dejó, en 2008, sin sus 15 “rehenes políticos” con lo que estaban exigiendo, de nuevo, la desmilitarización de una sección del territorio nacional.
 

Uribe obligó a esos criminales a replegarse en las selvas de Colombia y Ecuador y en los llanos de Venezuela y demostró que su política de seguridad democrática era la única exitosa. Las Farc temen ahora que Uribe y su partido, el Centro Democrático, convenzan de nuevo a las mayorías de que esa orientación puede volver a salvar a Colombia en 2020.
 

En un momento dado el gobierno de Iván Duque tendrá que ver si adopta por fin esa política, abandonada por Juan Manuel Santos, antes de que el país colapse de nuevo en manos de la narco-subversión rampante, como en 2002.
 

La política que aplicó Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 demostró algo muy importante: que la acción militar le había ganado la mano a la pretendida “negociación política” y a la acción diplomática. Esta última se esforzaba por orientar a su manera la acción oficial contra la violencia de las narco-guerrillas, sin lograr nada, salvo mejorar las condiciones de la subversión, fuera y dentro del país y ante la prensa internacional.
 

Nadie puede ignorar que la víspera de la liberación de Ingrid Betancourt y de los otros 14 rehenes “políticos” (1), la ONU y una docena de gobiernos y de líderes extranjeros y una docena de Ong del primer mundo ejercían presión a diario sobre el gobierno para que cediera ante las Farc y optara por la impotencia ante la ola de atrocidades que cometía esa organización.
 

La Operación Jaque Mate, una acción militar no letal contra varios centros operativos de las Farc, preparada durante cuatro meses y ejecutada por 200 soldados, dejó a esas personalidades, gobiernos y organismos foráneos descolocados y sin voz, y puso fin a la gangrena de los inútiles “mediadores” que sólo habían prolongado el martirio de los rehenes.
 

Esa vía había hecho que horribles gobiernos, como los de Chávez, Correa, Lula y Kirchner, abogados todos del “intercambio humanitario”, metieran sus narices en Colombia. Las Farc lograron atraer a ese tinglado un presidente francés, Sarkozy, tan mal asesorado que, en su afán por obtener la liberación de Betancourt, agenció, paradójicamente, la excarcelación de un importante jefe de las Farc, quien huyó inmediatamente a Cuba.
 

La confusión y el absurdo reinaban en ese periodo. Hasta cuando ocurrió lo del 2 de julio de 2008 en el Guaviare. Ese día el mundo vio que las Farc eran vulnerables y que Uribe y los militares eran capaces de obtener lo que la diplomacia no había alcanzado. Constató, además, que las armas de la República podían dar golpes demoledores y derrumbar la moral de su mayor enemigo, si había voluntad política. Las Farc trataron de reorganizarse, pero no lo consiguieron. Sólo la traición de Juan Manuel Santos a la Constitución colombiana las salvó de su colapso definitivo. A pesar de las concesiones pactadas en La Habana, las Farc no han podido superar su desarticulación interna y siguen en el impase en que los dejó la seguridad democrática.
 

Colombia lo ha olvidado, pero lo hecho por Uribe y las Fuerzas Armadas en 2008 fue de importancia hemisférica: arruinaron el eje continental bolivariano impulsado por Chávez, quien “quería cabalgar sobre una victoria de las Farc”, como escribió en esos días Joaquín Ibarz, un periodista español. “El presidente Álvaro Uribe escaló el Everest al superar las marcas mundiales de popularidad: 91,4% de aprobación en la última encuesta”, observó antes de decir: “El rescate de rehenes lo coloca como referente para todo el continente”.

 

Américo Martín, un analista venezolano, estimó por su parte que ese acto “se produjo en un instante crítico y derrumbó el engranaje montado para asfixiar a Colombia” (2).
 

Álvaro Uribe es la personalidad política más investigada de la historia de Colombia. Ninguna de sus actuaciones como hombre público ha sido pasada por alto desde 1980, cuando era director de la Aeronáutica Civil, hasta hoy. En 2001, cuando una oficina fariana de propaganda, la Agencia de Prensa Nueva Colombia (Anncol), vio que la candidatura presidencial de Uribe era imparable, financió la redacción de una “biografía no autorizada” para matar políticamente a su víctima. Allí la técnica del “se dice que”, “se murmura que” fue empleada a fondo. Todo fue en vano. La DEA y la prensa americana y colombiana investigaron a fondo durante años y no encontraron nada, salvo las iracundas amalgamas sin valor de los extremistas.
 

El senador Uribe –quien acaba de lanzar una frase clave: “el país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema”–, parece más combativo que nunca, tras 46 años de vida política. El actual contexto mundial y latinoamericano favorece un regreso a una forma de seguridad democrática. El derrumbe de bastiones castro-chavistas (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina), la crisis de los regímenes venezolano y cubano, y la firme posición de Washington contra esas dictaduras, han generado ataques castristas brutales contra democracias como la chilena que, aunque prósperas, no saben cómo defenderse.

 

Un derrumbe de las defensas de seguridad como en Chile podría ocurrir también en Colombia, si el Estado y la sociedad no se levantan contra eso. ¿Cómo impedir ese colapso? ¿Con gestos entreguistas como los de Sebastián Piñera? ¿Con reculadas ante los vándalos y los “comités del paro cívico”? ¿Asumiendo con valentía los valores que salvaron a Colombia en 2008?
 

La más que factible reelección de Donald Trump en noviembre de este año, por sus éxitos económicos en el frente interno y sus victorias ante China e Irán (3) impedirán que Colombia se sienta sola ante sus enormes desafíos. Proteger al ex presidente Álvaro Uribe, consolidar la fuerza pública, castigar a los calumniadores profesionales y defenestrar a los magistrados corrompidos son tareas de primer plano para impedir que el país sea de nuevo víctima del Foro de Sao Paulo.

 

(1).- El 2 de julio de 2008, un comando del ejército de Colombia rescató en un helicóptero, sin disparar un tiro, 15 rehenes que estaban en poder de las Farc, en un campamento del Guaviare. Los militares, luego de infiltrar durante cuatro meses las comunicaciones de las Farc, hicieron creer que iban a trasladar los rehenes al campamento central de las Farc, por orden de Alfonso Cano. Otro jefe de las Farc, alias César, carcelero de esos rehenes y responsable del tráfico de drogas del frente sur oriental de las Farc, fue capturado en la misma operación.
(2).- La Vanguardia, Barcelona, 6 de julio de 2008.
(3).- Pekín aceptó reducir su difícil de la balanza comercial a cambio de que Estados Unidos ponga fin a la guerra comercial. Tras la liquidación del general iraní Soleimani, Trump evitó que ello degenerara en guerra total. Hoy la cólera popular va contra el régimen de Teherán por haber derribado intencionalmente un Boeing ucraniano con 176 pasajeros.

 

16 de enero de 2020