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Son muchos interrogantes sobre los impactos de la nueva política de combustibles, que deben tener respuesta clara para no arruinar la economía nacional. Tal vez sean cincuenta preguntas en una, pero ojalá la ministra esta vez sí las responda.
El Gobierno Nacional ya colocó las cartas sobre la mesa frente a no continuar otorgando subsidios a la gasolina, pues considera que tales recursos, alrededor de 40 billones anuales, deben gastarse de una manera directa en política social en poblaciones vulnerables, sin embargo, tal escenario generará unos impactos sobre la economía nacional de especial sensibilidad.
Lo primero que se debe decir es que el desmonte de los subsidios no solo aplicará a la gasolina corriente, sino que también ya está en el radar el ACPM. Este escenario generaría unos impactos que pueden analizarse desde la perspectiva de demanda y desde la perspectiva de oferta.
Analicémoslo por el lado de la demanda. Una gran parte del consumo de gasolina corriente lo realizan motocicletas, cuyos propietarios se encuentran concentrados en personas propias a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. De acuerdo con el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cada 1.000 pesos que suba el precio del galón de gasolina, se tendría un impacto de 0,65% anual en la inflación.
¿Pero cuál es el precio de un galón hoy y a cuánto podría llegar? Hoy puede estar alrededor de $9.000 el galón, y podría llegar a estar, en un desmonte total del subsidio, ligeramente por debajo de lo que cuesta un galón de gasolina extra que no es sujeta hoy de subsidio, es decir unos $17.000.
En ese sentido el costo de vida se podría incrementar 5,2% adicional al año con un desmonte total del subsidio. Es decir, en un escenario como el de 2022 la inflación superaría el 16%.
16% menos de poder adquisitivo para la población en general. Por supuesto, lo que debería definir estratégicamente el Ministerio de Minas y Energía, en caso de que entienda adecuadamente la problemática, es que tal desmonte debería ser gradual en un horizonte que abarque al menos los 47 meses restantes del nuevo gobierno.
Claro, la problemática se centra en que, aunque somos productores y exportadores de petróleo, paradójicamente debemos importar el 38% de la gasolina que se utiliza en el país y por eso el precio debe ir en consonancia con la dinámica internacional.
Por supuesto podría proponerse que tuviéramos autoabastecimiento de gasolina, con el fin de evitar tomar precios internacionales y tener gasolina más barata y no subsidiada en el mercado doméstico. Tal propuesta al fin y al cabo se traduce en tener más refinerías de petróleo con el fin de aumentar de 450 mil litros de gasolina producidos al día a cerca de un millón.
Pero resultará muy difícil que a un gobierno al que no le gusta ni siquiera el gas, tenga una política para producir más gasolina. Aunque curiosamente no le gusta nuestro gas, pero sí le gusta el gas venezolano, seguramente el “nuestro contamina”, pero el de ellos no.
En ese escenario, tendremos gasolina cara, ACPM caro, y gas también costoso pues no lo produciremos internamente con el ánimo de hacerle el favor a Venezuela.
Ahora al analizarlo por el lado de la oferta, encontramos que, en el costo promedio de un producto, el factor transporte puede pesar cerca del 2%, lo que indica que con un precio casi doblado del galón de gasolina tendríamos un 2% adicional de encarecimiento en todos los productos, pues todos deben transportarse para comercializarse. Además, subiría el costo de transporte público y demás.
Son muchos interrogantes los que debe responder la señora ministra de Minas para establecer una política de combustibles que no arruine a la economía nacional, y tal vez sean cincuenta preguntas en una, pero ojalá esta vez sí las responda.
@ojcubillosp