Con desequilibrio, no hay justicia

Por: 
Eduardo Mackenzie
23 de Febrero 2020
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La JEP sigue dando razones para la poca confianza que en ella han demostrado tener quienes más sufrieron el conflicto armado.

En sus dos años largos de trabajo, la Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto siete macrocasos para investigar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado. Tres de ellos, el secuestro por las Farc, el de homicidios por miembros del Ejército a personas protegidas y el de reclutamiento forzado de menores de edad, tienen especial importancia, dado el impacto perverso de estos crímenes sobre la sociedad y las instituciones democráticas.

 

En las investigaciones a los jefes de las Farc por secuestro se han inscrito 1.754 víctimas, aunque el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 39.000 secuestros desde 1970 hasta 2010 y comprobó que el 33%, 12.780, fueron perpetrados por ese grupo. Contrario a tal cifra y a la persistencia de ese grupo en el secuestro extorsivo desde 1965, cuando plagió y asesinó a los empresarios Oliverio Lara y Harold Eder, los farianos se declaran no responsables de secuestros sino de “retenciones”, alegando que las cometieron buscando poder y el canje de secuestrados por presos, desde 1997, fecha de la toma de Patascoy.

 

Que las víctimas inscritas apenas superen al diez por ciento de los colombianos que sufrieron los secuestros de las Farc alerta por la escasa confianza de las víctimas y sus familias en esa instancia. Grave también que las víctimas inscritas casi que deben hacer el contrapeso a las cínicas y vagas versiones ofrecidas por los comparecientes. Es necesario que tanto los magistrados de la JEP como la Procuraduría, asuman con mayor contundencia su responsabilidad de contrastar, pedir pruebas y exigir verdad plena y detallada a las Farc.

 

A diferencia de lo acontecido con el secuestro, que apenas si transcurre en esa instancia, la JEP ha puesto especial empeño en la divulgación y amplificación mediática del importante caso 003, que esa instancia también llama “falsos positivos”, aunque son asesinatos en persona protegida, crímenes atroces que exigen verdad y reparación a las víctimas. Tal interés está demostrado en las convocatorias a acompañar las diligencias contra el general (r) Mario Montoya Uribe, de las cuales hubo ilegales y abusivas filtraciones fragmentarias a medios de comunicación aliados de la Jurisdicción. Violando principios de la justicia, y en contravía de lo actuado por otras jurisdicciones que no encontraron razones para encausar el general (r), en su comparecencia ante la JEP parece obligársele a demostrar su inocencia, pues parece ya condenado.

 

Así como en el despliegue publicitario al proceso de identificación y reconocimiento de víctimas sin identificar que fueron sepultadas en el cementerio de Dabeiba, municipio que desde el inicio de los años 80 fue objeto de infames ataques por la guerrilla, el paramilitarismo y en el narcotráfico, y donde se han elevado múltiples denuncias por acciones ilegales de algunos miembros del Ejército. Para las familias víctimas, que han sufrido décadas de agonía preguntándose por los suyos, la intervención para reconocer los cuerpos sepultados como NN tiene un gran valor. Este paso en pro de la reconciliación es menguado, sin embargo, por prejuzgamientos contradictorios con la esencia del proceso judicial, en el cual el sigilo investigativo sirve para cotejar testimonios, practicar pruebas sobre las que existan dudas y aclarar el contexto de hechos sumamente confusos, como los que ocurrieron en Dabeiba en las décadas de los 80, 90 y 2000. El derecho de las víctimas no es contrario, ni puede serlo, al que tienen los acusados a que la investigación penal se cumpla con objetividad, equilibrio y rigor técnico.

 

Aunque es un crimen horroroso que afectó a 16.789 menores de edad entre 1961 y 2015 y a pesar de que las Farc son reconocidas como responsables del 54% de los casos, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la JEP se tomó hasta marzo de 2019, catorce meses desde su instalación, para abrir el caso que puede ofrecer justicia integral a miles de familias y a quienes les fueron robadas su infancia y juventud durante el conflicto armado. No obstante la gravedad de este crimen, que como el secuestro se sigue repitiendo por la casi mitad de farianos que hoy están en las “disidencias”, la JEP calla sobre sus acciones para esclarecerlo, sancionar a los responsables, y ofrecer verdad, reparación así como garantía a las víctimas de no repetición.

 

Para que la justicia cumpla sus propósitos de proteger a la sociedad de nuevos hechos victimizantes, restaurar a las víctimas en la medida en que eso sea posible e instaurar el imperio de la ley, debe ser objetiva e igual para todos los victimarios.