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La rapidez con la que trabajan los falsarios profesionales del régimen petrista es asombrosa. Esta vez quieren erradicar a Miguel Uribe Turbay de la vida política mediante intrigas pseudo jurídicas en vista de que las balas del sicario protegido y sin nombre que disparó contra él hace 22 días no han logrado hacerlo.
Por fortuna, el Consejo de Estado rechazó la demanda contra el senador Uribe Turbay de pérdida de investidura (1) que presentó Carlos Alberto Sánchez Grass, un individuo que dice ser “dirigente” de un sindicato de servidores públicos no uniformados del Ministerio de Defensa (Asppmindefensa).
Sánchez Grass pretendía que el Consejo de Estado le “retirara la curul” al senador Uribe, quien lucha por su vida en un hospital tras sufrir el violento atentado a bala el 7 de junio en Bogotá. El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra estimó que el libelo de Sánchez no cumplía los requisitos de ley.
Con sobrada razón, pues la “demanda” impulsada por el sindicalista carecía, por una parte, de base moral y legalmente era un revoltijo de incoherencias. Ese texto llegó al extremo de afirmar que el culpable del atentado era el mismo senador Uribe Turbay por haber “cometido un acto indebido de participación en política (…) donde fue víctima de un ataque sicarial”.
Sánchez disculpa al sicario y al comando que lo dirigió con este razonamiento: por lanzar su precandidatura y hacer un mitin en Fontibón, Miguel Uribe Turbay cometió un “acto ilícito” y “expuso su vida”, lo cual hizo que “fuese atacado con un arma por parte de (sic) un menor de edad con fines de (sic) lastimarlo o asesinarlo”.
Más allá de esas aberraciones lógicas (en Colombia no hay una sola ley que defina como acto ilícito participar en política, ni hacer campaña electoral, ni realizar actos pacíficos de proselitismo político), hay que preguntarse: ¿qué significa que esa demanda emerja solo 15 días después de que el presidente Gustavo Petro afirmara, de la manera más cínica, que el atentado del 7 de junio era contra él mismo, su familia y “contra el gobierno” y, que era, sobre todo, contra la llamada “consulta popular”?
¿Quién asesoró al sindicalista Sánchez en la redacción del odioso memorial que llegó al Consejo de Estado? ¿Esa demanda fue preparada antes del 7 de junio? ¿Por qué la prensa no investiga ese extremo?
La historia de esa demanda llama la atención. Hay coincidencias entre lo de ahora y otras ocasiones en que los operadores del M-19, utilizando montajes, calumnias y falsos testigos, intentaron linchar a sus adversarios. Ver la campaña de odio que destilan desde 1978 contra el presidente Julio César Turbay quien, gracias al Estatuto de Seguridad, puso en la cárcel a los cabecillas de esa organización terrorista (2).
Alberto Sánchez utilizó el nombre de dos sindicatos. Cristóbal Castaño Acosta, el verdadero presidente del primero (Asppmindefensa) rechazó la actitud de Sánchez. Dijo que éste nada tiene que ver con Asppmindefensa y que su acusación contra el senador Uribe es una “decisión personal” de Sánchez. Y que, por el contrario, están “clamando a Dios” por la recuperación del senador Uribe. Y agregó: “Los derechos del senador Uribe deben ser respetados”.
El segundo sindicato también repudió la intriga. El 27 de junio declaró en su página web: “La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) informa a la opinión pública que no ha participado ni respaldado la demanda contra el senador Miguel Uribe Turbay, como han afirmado de forma errónea algunos medios. A través de este comunicado, la CTC desmiente categóricamente cualquier vínculo con dicha acción judicial y exige la rectificación inmediata por el uso indebido de su nombre y logotipo, lo cual ha generado desinformación, afectaciones a su buen nombre y mensajes de odio contra sus líderes sindicales”.
En vista de esto la pregunta es: ¿Quién obra detrás de Alberto Sánchez Grass? ¿Este hombre está al servicio de quién?
Sánchez parece que moviera hilos de gente que se oculta y que en ese fétido ambiente alguien inspiró la intriga contra el senador y candidato presidencial que se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Bogotá y no puede defenderse. Este asunto no es menos importante que la emboscada que le tendieron los matones del 7 de junio al senador y candidato. Investigar y obtener sanciones severas para los autores materiales e intelectuales de los dos atentados es crucial.
(2).- La derogación en 1982 del Estatuto de Seguridad por el gobierno de Belisario Betancur, quien creyó que negociaría la paz con el M-19, agravó la ola de atrocidades de ese aparato de muerte (secuestro y asesinato de Gloria Lara, creación en 1986 del Batallón América y su intento fracasado de apoderarse de Cali, masacre de Tacueyó, secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, etc). En sólo noviembre de 1985, según cifras oficiales, el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, realizado por el M-19 y financiado por el Cartel de Medellín, asesinó a 65 personas, entre ellos 15 magistrados, 11 miembros de la Fuerza Pública, 39 funcionarios judiciales, empleados, visitantes y transeúntes, sin hablar de los 31 militares y policías que fueron heridos y de las 214 personas que fueron convertidas en rehenes. 29 guerrilleros perecieron en el atentado. Ver los procesos trucados que montaron contra los militares que vencieron al M-19 en el Palacio de Justicia. En todo su andar, el M-19 realizó más de 557 secuestros, incluyendo el de Marta Nieves Ochoa, que a su vez provocó la creación del MAS (Muerte a secuestradores), el primer grupo paramilitar en Colombia.