El señor Stewart y su ofensiva contra la Fuerza Pública

Por: 
Eduardo Mackenzie
06 de Noviembre 2018
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En momentos en que la prensa colombiana y las redes sociales informan que las FARC se han dividido en tres grupos (1) y están en plena reorganización ofensiva, un fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), James Kirkpatrick Stewart, hace un viaje urgente a Bogotá para ejercer presión sobre las deliberaciones del Congreso de Colombia sobre la JEP y respaldar, de hecho, las ambiciones de las FARC.
Precisamente en momentos en que la prensa colombiana y las redes sociales informan que las FARC se han dividido en tres grupos (1) y están en plena reorganización ofensiva, pues el sector que no aceptó la desmovilización y la “justicia de transición” ha decidido concentrar tropas en Venezuela y zonas limítrofes con Colombia y restructurar sus unidades de mando, para relanzar dentro de poco la violencia en el país, un fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), James Kirkpatrick Stewart, hace un viaje urgente a Bogotá para ejercer presión sobre las deliberaciones del Congreso de Colombia sobre la JEP y respaldar, de hecho, las ambiciones de las FARC.
 
El señor Stewart llegó en un momento clave: cuando la Comisión Primera del Senado delibera sobre un proyecto de enmienda constitucional que busca modificar la estructura de la JEP para impedir que la subversión imponga su línea de desorganización y destrucción de las Fuerza Armadas. Las FARC quieren que el juzgamiento de militares carezca de las garantías judiciales que existen en todos los países democráticos. Como la JEP coincide en eso y se opone a que haya una sala especial para el juzgamiento de los militares, el Congreso quiere rectificar esa injusticia.
 
Las FARC aseguran que todo reconocimiento del principio de que los militares deben tener seguridad jurídica para el desempeño de sus labores y puedan ser juzgados por una jurisdicción militar equivale a “destruir el corazón de los acuerdos de paz”. Empero, ese cambio indispensable es deseado por la opinión pública así como por el gobierno del presidente Duque, por la Fiscalía General de la Nación y por el ministerio público colombiano. Todos esos sectores y actores están decididos a corregir las aberraciones que las FARC y el expresidente Santos incluyeron en el acuerdo firmado en La Habana.
 
El partido de Gobierno, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, y otras fuerzas políticas, buscan llegar a un acuerdo que satisfaga al país y que refuerce las instituciones democráticas. Y para eso se están reuniendo con todos los interesados, y hasta con los mismos voceros del partido FARC. Los uribistas consideran que las desviaciones del pacto de La Habana deben ser corregidas si se quiere que un acuerdo “de cese de conflicto”, trascienda a una verdadera paz en Colombia. No sobra recordar que el “acuerdo” de La Habana fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
 
Fue rechazado pues la “justicia especial” creada por el pacto habanero favorece descaradamente a las FARC y prevé mecanismos para conceder impunidad definitiva a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la subversión comunista. Pretende, al mismo tiempo, establecer una igualdad entre el terrorismo de masas de las FARC y los defensores del orden republicano colombiano. Y algo más: busca obligar a los militares a que previamente se declaren culpables ante la JEP para poder esperar de ella una eventual libertad algún día, debilitando de entrada su posición ante el procedimiento.
 
En ese contexto de álgido debate en la sociedad y en el Congreso el canadiense James Stewart aterrizó en Bogotá para tratar de inclinar la balanza en favor de las FARC. Tras una reunión con el presidente Iván Duque y con Patricia Linares, la presidenta de la JEP, el funcionario canadiense declaró que le preocupaba que “se busque afectar la estructura de la JEP, mediante la creación de salas especiales para magistrados o la creación de otros magistrados para conocer solo de asuntos relacionados con agentes de la Fuerza Pública, limitando las funciones del Tribunal de Paz”.
 
Es evidente que el señor Stewart se expresa como si el gobierno y la justicia colombiana estuvieran complotando para esquivar el juzgamiento de los militares. Y como si el tal “acuerdo” fuera intocable. Las frases empleadas por Stewart no dejan duda: son un insulto, no solo para el gobierno y los partidarios de la reforma, sino para la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación.
 
El funcionario de la CPI, con su enfoque anticipativo, viola los estatutos mismos de la CPI. La CPI (no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de Naciones Unidas: la CPI no forma parte de las Naciones Unidas), interviene cuando un Estado, a través de sus organismos competentes, no quiere o no puede administrar justicia. Ese no es el caso de Colombia. Colombia quiere y puede juzgar los crímenes cometidos durante la guerra desatada por las FARC contra Colombia. Stewart llegó a Bogotá como un procónsul: decidido a conminar al Congreso a que tuerza su discusión y vote como él dice, es decir abandonando a los militares a un tipo de justicia paralela, de dudosa legitimidad y en crisis por los errores del proyecto dictado en La Habana.
 
En noviembre de 2016, Stewart hizo unas declaraciones ante la OEA sobre Colombia que crearon gran confusión. En lugar de decir claramente si los puntos previstos en el acuerdo violaban las normas internacionales sobre la proporcionalidad de la pena para guerrilleros desmovilizados, el jurista canadiense fue ambiguo y trató de darles razón tanto al abogado de las FARC como al Procurador del momento, Alejandro Ordóñez Maldonado. 
 
Sin embargo, nueve meses antes, el procurador Ordoñez había enviado a la CPI el acuerdo de justicia pactado en Cuba. El jefe del ministerio público advertía allí que la justicia transicional debía ajustarse al Estatuto de Roma, el cual exige “penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos”. El procurador colombiano reiteró que en el acuerdo de La Habana “no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras” y que tal texto era “un acuerdo de impunidad”. En lugar de decir qué pensaba sobre ese punto tan central, Stewart se fue por las ramas. Todo el mundo esperaba que, al menos, dijera que “los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad”.
 
Stewart se equivoca de nuevo al centrar su atención, en Bogotá, en el tema de los “falsos positivos”, como si el asunto de sala especial para juzgar a los uniformados fuera un anatema, un abuso conceptual, un engendro militarista no conocido en Occidente, y al amenazar con una “intervención” en Colombia. Es cierto que Colombia, en mala hora, enajenó su soberanía en beneficio de la CPI, pero también es cierto que Colombia no es Uganda, ni el Congo, ni la República Centroafricana, ni Mali, donde la CPI ha intervenido con resultados desiguales.
 
El fiscal adjunto no da muestra de respeto por Colombia al adoptar el punto de vista de una de las partes, antes de que el debate haya culminado. Y al lanzar amenazas. El Tiempo dijo que Stewart había lanzado esta frase (2): “si el procedimiento especial para los militares continúa como fue aprobado en junio, y si se tramita en el Congreso la sala especial para miembros de la Fuerza Pública, la Corte Penal Internacional podría intervenir al Estado colombiano e iniciar una investigación”. En otras palabras: señores del Congreso y de los partidos y de las asociaciones de víctimas: su búsqueda de un consenso para reformar la JEP vale huevo. Cumplan lo que fue dictado en La Habana. En caso contrario, desembarcamos en Colombia.
 
Mientras tanto, las FARC afilan sus cuchillos, aceitan sus fusiles, plantan sus minas y engrasan sus morteros para atentar contra los campesinos y la fuerza pública. Señor Stewart puede usted regresar tranquilo a La Haya.
 
 
Eduardo Mackenzie