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Elecciones regionales y sector agropecuario

Por Ricardo Sánchez Rondón - 22 de Octubre 2015

Los próximos comicios para elegir los gobernantes en Alcaldías y Gobernaciones obligan a los candidatos a conocer de primera mano los problemas más sentidos de las poblaciones que aspiran a dirigir.

Los próximos comicios para elegir los gobernantes en Alcaldías y Gobernaciones obligan a los candidatos a conocer de primera mano los problemas más sentidos de las poblaciones que aspiran a dirigir.   Debido al carácter principalmente rural de la mayor parte del país, las políticas locales concernientes al sector agropecuario son aspectos altamente sensibles en los programas de gobierno: aunque cerca de una cuarta parte de la población nacional es rural, más de la mitad de los departamentos del país cuenta con un tercio o más de la población viviendo en zonas rurales y un 60 % de la población rural labora en el sector agropecuario.   Más allá del populismo, que se basa en promesas de ejecución inmediata de poco impacto a largo plazo, los futuros gobernantes deben plantearsen la importancia de construir bienes públicos duraderos y específicos al sector agropecuario desde el ámbito de la vereda, la inspección, el municipio y la región, en contraste con un acercamiento asistencialista y centralizado. Aunque es inevitable considerar el mejoramiento y construcción de vías terciarias y secundarias como parte esencial del acervo de bienes públicos, cabe una perspectiva más amplia para englobar tales bienes, tangibles e intangibles, como igualmente importantes para construir un sector agropecuario sostenible y competitivo.   En lo que concierne a los bienes tangibles, no siempre la infraestructura regional vial, de transporte y comercial benefició principalmente al sector agropecuario; en la última década, las inversiones en estos campos privilegiaron particularmente al sector minero, alentadas por la inversión de las regalías. Una elevada devaluación y el fenómeno de El Niño han desnudado el déficit de infraestructura de riego, de centros de acopio de alimentos para uso humano y animal que alivie el alto costo de vida así como de bienes de capital que faciliten la sustitución de alimentos importados.   De acuerdo con el DANE, la participación de inversión en bienes de capital del sector agropecuario pasó del 3,1 % en 2005 al 1,3 % en 2013, con un evidente déficit. Las administraciones departamentales y municipales deberán entonces involucrar en sus programas de gobierno, además del desarrollo y mejoramiento vial, todos los aspectos de capitalización que han sido descuidados en años anteriores, como la infraestructura de riego, mecanización e implementos, centros de acopio y redes de distribución comercial de alimentos e insumos conectadas con la oferta local y regional.   Los bienes públicos intangibles son aquellos indispensables para que los tangibles sean eficazmente operados y surjan innovaciones en sus características: años atrás una parte considerable de la infraestructura realizada con programas como el DRI y luego con las regalías, se convirtió en elefantes blancos.   La dotación de una administración público-privada estable, eficiente y altamente calificada significaría un giro frente a políticas principalmente asistencialistas; esta eficacia administrativa concierne no solo a la administración municipal, sino que involucra a la colectividad en el uso y conservación de bienes comunes, como las fuentes de agua, el medio ambiente y zonas de reserva natural. La asistencia técnica con amplia cobertura en fincas y veredas es otra necesidad, ligada al desarrollo tecnológico e informático, que debe ser coherente con una mayor capitalización. Por supuesto que todos estos aspectos se vinculan con mayores niveles de educación y asociatividad, de las que son carentes la mayor parte de la población rural.   El ranking departamental de competitividad permite ver que los departamentos con mayor peso de la ganadería de leche hacen parte de los más competitivos, en contraste con la ganadería de carne, los cuales, en su mayoría tienen competitividad baja o media baja. Obliga a concebir y mejorar la dotación de bienes públicos en los departamentos con ganadería de carne en ámbitos que trasciendan y valoricen la propiedad de tierras y ganados. La dotación de infraestructura de riego, de procesamiento, vías adecuadas y asociaciones de productores que incidan en el futuro de la actividad serían un gran avance en este sentido.