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El proyecto de ley gubernamental de rebaja de penas a favor de 106.000 cocaleros que siembran coca hasta en 3,8 hectáreas es una tosca amnistía que los induce a doblar el área cultivada actual a 402.800 hectáreas. Por ello, tiene razón el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, cuando afirma que este es “un muy mal mensaje en el momento que estamos viviendo. Se llega al extremo, incluso, de plantear, por primera vez, la legalización de cultivos ilícitos hasta en 18 metros cuadrados” y la apertura de una puerta franca para que los grandes cultivadores se beneficien de la despenalización propuesta.
El Ejecutivo, finalmente, se quitó la máscara y puso en movimiento el engranaje de la legitimación de los cultivos ilícitos en nuestro país. La gestión oficial para proscribir la erradicación aérea con glifosato desde el 2013, primero en el Catatumbo y luego en la frontera con Ecuador, sirvió de cabeza de playa para obstaculizar la lidia contra los cultivos de coca. De tiempo atrás, hemos llamado la atención sobre un avieso concepto pactado en La Habana, mencionado un centenar de veces en el Acuerdo del Teatro Colón, según el cual para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva a “los cultivos de uso ilícito”. Para el Gobierno y las Farc, la ilicitud de los cultivos como la coca se centra en su uso y no en su siembra, con lo cual se cimentaron las bases para su soterrada legalización. Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2017 de la DEA, publicada la semana pasada, las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc contribuyeron al agravamiento del problema de los cultivos ilícitos en nuestro país. Por un lado, el Ejecutivo frenó las operaciones de erradicación en las zonas controladas por las Farc para disminuir el riesgo de recrudecer el conflicto armado durante los cinco años que duró la negociación. Por el otro, las Farc incitaron a los cultivadores de coca para que plantaran más coca, motivados por la creencia –aparentemente cierta– de que la inversión pública y los subsidios oficiales se concentrarían en las zonas con mayor cantidad de droga. Para la DEA, la implementación del Acuerdo de Paz llevará muchos años. Es factible que algunos de los excombatientes de las Farc –ahora llamados disidentes– sigan involucrados en el tráfico de drogas y en otras actividades delictivas; el grado y alcance de lo anterior, dependerá, en última instancia, de la efectividad en la implementación de lo acordado. En criterio de la DEA, las implicaciones de largo plazo del proceso de paz para el narcotráfico colombiano son “inciertas”. No obstante, la DEA reconoce que es probable que el cultivo de coca en Colombia aumente en el 2017 y el 2018, debido, en parte, al incremento de las utilidades de los cocaleros. ¡Lo peor de cometer el craso error de legalizar los cultivos ilícitos es tratar de justificarlos! Portafolio, Bogotá, 31 de octubre de 2017