Hostilidad

Mi trabajo cotidiano con empresas de diferentes tamaños y en distintas regiones del país, me confirma el cansancio de los sectores productivos con el hostigamiento administrativo y tributario. Cada funcionario considera que gobernar es ponerle requisitos, trámites e impuestos a los que generan valor.

En el Congreso, donde la inmensa mayoría de los parlamentarios no han creado nunca un empleo ni emprendido ningún negocio, son especialistas en promover este tipo de medidas. Todo proyecto de ley está hecho para restringir libertades, imponer sanciones y aumentar las contribuciones económicas. Cada iniciativa legislativa cierra el cerco sobre quienes, en medio de muchas dificultades, intentan sacar adelante sus empresas. Los gremios privados, en lugar de seguir lamiendo por recursos públicos, deberían contratar un estudio completo sobre lo que le cuesta a un empresario cumplir con los innecesarios, excesivos e inútiles requisitos de la telaraña legislativa.

La creatividad de nuestros legisladores no tiene límites. Un pomposo concejal de Bogotá, que busca la reelección el próximo mes de octubre, está promoviendo un acuerdo que cree “el registro de paseadores de perros”. En una ciudad como Bogotá, que tiene tantos y tan graves problemas, hay que imponer requisitos para las personas que se ganan la vida paseando perros. Me imagino el acuerdo lleno de artículos en los que se exijan certificados, seguros, cursos de capacitación, experiencia mínima, título de veterinario, prueba de habilidades de domesticación, examen de Código de Policía y test de interpretación de ladridos. Esto debidamente autenticado con cédula al 150 %, huellas dactilares y renovación semestral para asegurar el pago de una contribución que se destinará a crear un ridículo programa distrital de “educación de las mascotas en ambientes urbanos”.

¡’Que paguen los ricos’! ha sido el grito de guerra de todos los populistas desde la Revolución Francesa. Lo fácil consiste es afirmar que una medida es buena porque solo afectará a los más pudientes. Como los de menores ingresos están excluidos, la medida –por injusta, arbitraria e inconveniente que sea– debe ser aprobada. Un buen ejemplo es la reciente propuesta de imponer una sobretasa a los estratos altos para financiar el desastre de Electricaribe. El Estado fue incapaz de combatir el robo de energía, no estuvo a la altura para controlar la corrupción de la firma privada concesionaria del servicio, dejó que el problema estallara y ha sido indolente en buscarle una salida a este ejemplo de corrupción y negligencia administrativa. Poner a pagar a los que tienen el menor nivel de responsabilidad porque son parte de los estratos altos es otra medida con enfoque equivocado.

Los empresarios están saturados de este hostigamiento del Estado sobre la libertad económica. Los intervencionistas afirman que Colombia tiene que adecuarse a los estándares internacionales en materia de legislación y control. Se les olvida a los estatistas que existe una inmensa diferencia entre lo que el empresario recibe como contraprestación por su esfuerzo tributario. En Colombia, los servicios públicos son costosos, las vías inadecuadas, la justicia inexistente, la seguridad precaria y la corrupción galopante. El empresario crea riqueza en condiciones muy desiguales y enfrentando una serie inmensa de obstáculos inexistentes en otras latitudes. La característica del Estado colombiano es la de ser benigno con los que violan las leyes y hostil con quienes las cumplen.

Miguel Gómez Martínez

Portafolio, marzo 19 de 2019