Matar a Montesquieu

En la Ilustración se gestaron todas las revoluciones sociales, (americana, francesa e industrial), que dieron al traste con todos los excesos de las tiranías absolutistas feudales y la teocracia del “Anciene régimen” para dar paso a un nuevo régimen de hombres libres, igualitarios y racionales.     Pero esta concepción del nuevo Estado liberal no se implementa solo sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley o el sufragio universal sino sobre unos mecanismos de control del poder.     El Estado no sólo debe proteger a las personas de otras personas, sino que las personas, también, deben estar protegidas contra cualquier abuso del Estado.     Y el único mecanismo garantista contra el poder es la división tripartita del poder público para conseguir que el poder controle el poder mediante pesos y contrapesos.     La independencia del Poder Legislativo (Parlamento), del Poder Ejecutivo (Gobierno) y del Poder Judicial determinan la magnitud y envergadura de las calidades democráticas de un país.     Hasta aquí, yo no he dicho nada nuevo que no haya dicho ya Montesquieu:   «De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor.»     ¿Qué sucede, entonces, cuando en nuestras democracias se producen injerencias de un poder en otro? - ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando los legisladores y/o los gobernantes permiten que se judicialicen sus funciones y que los jueces, además de juzgar, quieran ejercer de gobernantes o interferir con funciones políticas que no les corresponden? - ¿Qué sucede si un magistrado degrada y periclita la democracia con “fusiones de poder” espurias que intoxican la separación de poderes?     Estas preguntas se las pueden estar haciendo infinidad de colombianos con el “Caso Uribe”, de igual forma que se las hacen infinidad de españoles cuando una Ministra de Justicia es nombrada Fiscal General del Estado (al servicio del Gobierno) para entorpecer demandas contra el propio Gobierno en la gestión del la crisis del COVID o cuando la Abogacía del Estado aconseja la reducción de penas a los golpistas catalanes (socios del Gobierno) y facilita el Tercer grado pasados solo unos meses y con penas de once años de cárcel.     Y mi opinión personal va más lejos de una evidente “muerte de Montesquieu” en la división tripartita del poder público o las injerencias arbitrarias de unos magistrados.   La pregunta categórica y crucial es si podemos afirmar que en Colombia (o España) existe una verdadera Democracia o si de lo que adolecemos es de una “partitocracia” que cortocircuita y desprecia la verdadera voluntad popular mediante viciados mecanismos de representación.     ¿Alguién podría asegurar que son los ciudadanos los que eligen a sus representantes si éstos responden a listas preconfiguradas por los partidos políticos? ¿Alguién podría asegurar que la justicia puede ser garantista si los jueces y magistrados están elegidos o propuestos por los mismos políticos? - ¿Puede alguien ser juzgado por quien lo ha elegido? - ¿No deja todo esto una estremecedora sospecha de que son los intereses políticos los que determinen los procedimientos judiciales contra el señor Uribe?     Y lo que más nos puede estremecer es la comprobación de que cualquier inseguridad jurídica o quebranto de nuestra calidad democrática nos acerca a zozobrar en mares turbulentos propicios al totalitarismo.     Porque es el totalitarismo y los regímenes tiranos los que no conocen la separación de poderes y controlan con absoluta impunidad el dictado de las leyes, la vida de los ciudadanos, sus derechos fundamentales y la administración de justicia.     ¿Ha muerto Montesquieu? - ¿Estamos matando a Montesquieu?     Infames partidos políticos han entrado al arco parlamentario, con una inmensa capacidad de corrupción y decisión en jueces y magistrados.     La Ley, nuestra Constitución y los funcionarios que juraron sobre ella, son la única cimentación y soporte de todas nuestra libertades, garantías y derechos. Todo lo que apunte en sentido contrario no son más que amenazas a las líneas de flotación de un Estado que puede estar advirtiendo de un amargo e inminente naufragio.     Sólo deseo a nuestro expresidente, como a cualquier otro ciudadano, el principio del “debido proceso” y que el Estado respete todos los derechos legales que la ley le concede a todas las personas.     Luis León. (…desde algún rincón de Madrid)