/?w=256&q=100 "Alfonso Santana Díaz")
Los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino y de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, radicaron (el pasado 16 de diciembre) *en la Cámara de Representantes y el Congreso de la República, el proyecto de ley 504 de 2025, que responde al parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley laboral 2466 de 2025, que ordena la reglamentación del contrato y jornal agropecuario*, reza el comunicado de prensa emitido por el Ministerio del Trabajo (negrita del autor).
Y en efecto, dicho parágrafo dice que dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la citada ley laboral, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que regule los contratos agropecuarios y el jornal agropecuario.
Pero también dice que el proyecto de ley deberá ser resultado de un proceso de consulta y diálogo con todos los sectores agropecuarios del país, incluyendo la agroindustria, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
Adentrándonos un poco más en la noticia y en lo que dice el ARTÍCULO 36. Trabajo agropecuario, se advierte que falta cumplir otros requisitos. Este artículo señala que el estado formulará una política pública de apoyo al trabajo agropecuario en el primer año de vigencia de la ley, y especifica que esta política tendrá como fin, apoyar, acompañar y proteger a las unidades productivas nacionales dedicadas a la actividad agropecuaria, en aras de que sus trabajadores puedan disfrutar de todos los derechos y garantías plasmados en la constitución y las leyes, atendiendo las particularidades de este sector.
Esa política de apoyar, acompañar y proteger a las unidades productivas nacionales, no se ve en el proyecto de ley, y menos su aplicación según las particularidades del sector, que, al margen, sufre de una terrible falta de mano de obra.
Una política de apoyo al trabajo agropecuario implica, además de la reglamentación de marcos normativos para la protección laboral y la formalización, modernizar el sector, mejorar la calidad de vida rural y asegurar la soberanía alimentaria, a través de estrategias -enunciadas en los mismos lineamientos del gobierno-, como el fortalecimiento de la economía campesina y la reforma agraria integral, el acceso a crédito y financiamiento, subsidios directos (insumos, adecuación de tierras, maquinaria), y apoyo a la comercialización.
Sin embargo, el objeto del proyecto de ley que presentan los ministros se aleja de ese equilibrio, y busca saldar, de un tajo, la tan cacareada y mal entendida deuda histórica con los trabajadores rurales de Colombia.
Los puntos clave, según el mismo gobierno, se enfoca en reglamentar el contrato y el jornal agropecuario en las actividades de producción y transformación agraria primaria, estacionales o transitorias y promover la formalización laboral.
La reglamentación se centra en la remuneración del jornal agropecuario, que no puede ser inferior al salario mínimo diario legal vigente más un factor prestacional no inferior al 30 % de ese salario mínimo. También establece el pago de horas extras o trabajo suplementario que no están incluidos en el jornal y se pagan adicionalmente conforme a las reglas generales.
Precisa el ministro Sanguino, que el pacto del jornal debe constar por escrito e indicar periodicidad, estimación del factor prestacional y la remuneración en dinero y en especie si aplica.
Otro aspecto es que el proyecto regula y prohíbe la tercerización laboral, establece garantías mínimas para las ejecuciones de los contratos agropecuarios, y plantea ordenar a las cajas de compensación, garantizar servicios para los trabajadores del sector agropecuario (cobertura que nunca se ha logrado).
La pregunta clave es si realmente este proyecto reduce la informalidad, que, según el DANE, supera el 83 % en los centros poblados y rural disperso, o, por el contrario, que el escaso segmento formalizado, se deprima. Muchos ordeños empiezan a las 3 am, y no por ser sábado, domingo o día feriado, se dejan de ordeñar, por enunciar una sola actividad del sector agropecuario.
Sin desconocer el tema laboral, el aspecto de costos y competitividad también importa, más en sectores en donde los precios pagados al productor son impuestos por otros eslabones de la cadena productiva; como también el tamaño de la actividad productiva, pues según la UPRA, alrededor del 70 % de la producción de alimentos que consume el país viene de predios de economía campesina de pequeño tamaño.
Con todo respecto, “el toro no se está cogiendo por los cuernos” y, por el contrario, nos acerca a menos dignificación y posiblemente más informalidad e inflación. Una solución gradual es mejor que una a rajatabla.