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La rama judicial de Colombia parece estar empeñada en demostrar que se puede desafiar la racionalidad de sus decisiones.
Uno de los postulados de la ciencia económica es el principio de racionalidad. En líneas generales, se supone que un agente económico no toma, de forma consciente, decisiones que vayan en contra de sus intereses individuales. Ello implica que, por ejemplo, no le prestaré dinero a una persona que yo sepa que es un estafador, o que no compraré productos costosos si puedo adquirirlos más baratos. Como postulado metodológico, el principio de racionalidad es muy útil para definir los niveles óptimos y garantizar la consistencia de los modelos.
Pero sabemos que muchos de nuestros comportamientos no son racionales. Hay gente que fuma a pesar de la inmensa evidencia del daño que ello ocasiona para la salud. Muchos se dejan atraer por promesas de altas rentabilidades y terminan en esquemas de pirámides donde pierden su capital. Pero sabemos que, si todos los agentes económicos actúan de forma irracional, el sistema colapsaría.
El Consejo de Estado sostiene que estar detenido por una clara evidencia de narcotráfico es una causal válida de fuerza mayor que le impidió a Jesús Santrich posesionarse como parlamentario. Desafía el principio de racionalidad que un potencial legislador pueda invocar sus derechos electorales cuando se encuentra privado de la libertad por una sospecha delictiva grave en su contra.
La Corte Constitucional también desafía la racionalidad al validar el hundimiento de las objeciones presidenciales cuando era evidente que quienes se oponían a ellas no consiguieron la mayoría de votos exigida en la votación en el Senado. Si no consiguieron la mayoría para tumbarlas, pues quiere decir, en un marco racional, que eran válidas. Si el Senado no pudo conseguir los votos necesarios, el proyecto de ley no fue aprobado en ambas Cámaras en los mismos términos y, por lo tanto, no puede convertirse en ley como lo define la Constitución. En el tema de fondo, validar que el narcotráfico y el reclutamiento de menores son delitos accesorios al de rebelión política es un exabrupto que ningún sistema judicial racional en el mundo puede aceptar.
La Corte Suprema de Justicia, luego de más de un año de reconocer la competencia de la JEP en el caso Santrich, decide, luego de la segunda captura, asumir el caso. Se apoya en la sentencia irracional del Consejo de Estado según la cual el bandido tiene fuero parlamentario y, por lo tanto, le compete a ella el conocimiento del caso. La evidencia contra Santrich es aplastante y no permite dudas. A pesar de ello, le otorga la libertad conociendo que un grupo significativo de guerrilleros han escogido fugarse para seguir delinquiendo en total impunidad.
La JEP, la supuesta corte de la verdad, la justicia y la reparación, admite, una y otra vez, que los que deben rendir cuentas por sus crímenes se burlen de su autoridad y permanezcan en la clandestinidad. Cualquier otra jurisdicción racional interpretaría este desafío como un desacato y ordenaría su captura. Pero la irracionalidad de sus miembros hace que cada día la ciudadanía desconfíe aún más de su independencia para juzgar a quienes gozan de la impunidad otorgada por el ilegítimo acuerdo de paz.
Una justicia irracional es una gran injusticia.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial