Santrich: entre la impunidad y la burla

Por: 
José Félix Lafaurie Rivera
17 de Mayo 2019
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En octubre de 2012, alias “Santrich” se ganó la antipatía de los colombianos, que despreciaron su actitud cínica de burlarse de sus víctimas, al responder cantando y con sorna: “Quizás, quizás, quizás”, cuando le preguntaron si las Farc les pedirían perdón.

Ese cinismo, que esconde bajo su condición de discapacidad relativa, lo llevó a continuar en el negocio del narcotráfico, seis meses después de la firma del acuerdo, en una operación de ¡diez toneladas de coca! hacia Estados Unidos, que resultó ser una operación encubierta de las autoridades de ese país.

 

A propósito, a quienes defienden la teoría del “montaje”, hay que aclararles que esas operaciones, legales en Estados Unidos y en Colombia, están encaminadas a agarrar bandidos y son, literalmente, “trampas” que no se le tienden a monjitas de la caridad, sino a delincuentes identificados. Se trata de “hacerlos caer”.

 

Y Seuxis Paucias –así se llama ante la ley– metido en el negocio, pues cayó y, con su caída, le dejó a la JEP una verdadera papa caliente, que demoró mientras pudo la Sección de Revisión sin lograr que se enfriara; una decisión que tuvo al país en vilo, con un desenlace que desnudó la proclividad de muchos de sus magistrados a garantizarles impunidad a las Farc.

 

La decisión convirtió un beneficio condicionado, como la garantía de no extradición, en derecho absoluto de los ex FARC, desconociendo los requisitos temporales y materiales de la acusación. Lo afirma la magistrada López, quien, junto con la magistrada Rodríguez, se apartó de la posición de los otros tres togados. Ese es uno de los cuestionamientos de su salvamento de voto, sumado a otros igualmente delicados, como el de que la solicitud de extradición y el indictment establecían con claridad la fecha de la conducta y eran suficientes para decidir de fondo.

 

A pesar de ello -afirma la magistrada-, la Sección se enfrascó en una tarea probatoria deficiente, pues no decretó pruebas idóneas para establecer la fecha, como preguntársela a los otros participantes del video -¡no lo hizo!-, sino que insistió en solicitar una que sabía que no le podían entregar, para tener a quien echarle la culpa, como efectivamente sucedió; y como si fuera poco, declaró ilícitas, sin tener competencia ni argumentos, las relacionadas con la operación encubierta, que ni siquiera habían sido aportadas, con lo cual acogió la teoría del “montaje yanqui”, que esgrimen, con alta carga ideológica, Cepeda, Petro, Catatumbo y compañía.

 

Hay más; pero prefiero unas conclusiones: Primero. Tan espuria decisión es un golpe definitivo a la credibilidad de la JEP y un precedente funesto hacia la impunidad total.

 

Segundo. Las observaciones del fiscal y las objeciones del presidente Duque no eran caprichosas. La JEP tiene vacíos subsanables, no para hacerla trizas, sino para que cumpla su cometido sin violentar la Constitución. La Corte Constitucional tiene la palabra.

 

Tercero. El caso NO está cerrado y se impone el apoyo masivo a la posición del Procurador.

 

Y una final. El país está en emergencia, más no frente a la decisión de la JEP, sino a su verdadero enemigo: el narcotráfico. Como en los noventa, se mueven hilos invisibles contra la extradición, en un entorno más difícil: con más hectáreas de coca -herencia maldita de Santos-, una sociedad polarizada, la democracia bloqueada y el poder judicial desmembrado en una pluralidad de Cortes, mientras sigue en el aire la pregunta. ¿Quiénes están detrás del negocio?

 

Nota bene. Si Santrich se vuela, como Márquez y “El Paisa”, se burlará otra vez de las víctimas, a ritmo de “voló, voló y voló”.