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El problema más serio de Colombia es la ausencia de la justicia. Afecta a todos los estamentos de la sociedad sin importar su nivel económico, su educación, la región donde vivan o la actividad que desarrollen.
La inseguridad y la violencia son el resultado de la impunidad. Los ciudadanos saben que los hampones son dueños de las calles. Los ven todos los días actuando y, si por mala suerte son capturados, los encontrarán haciendo lo mismo, en el mismo lugar, unas horas más tarde. Un juez de garantías considerará que haber robado cientos de celulares con un cuchillo no es un hecho que deba castigarse de manera excepcional.
La justicia no puede reprimir sino educar pensará el magistrado que, empapado de Rousseau, cree que el hombre es bueno y la sociedad, aquella que tiene miedo de salir a la esquina, es la culpable de que existan ladrones.
La corrupción rampante se explica por la absoluta certeza de no ser sancionados. Aquellos que son descubiertos, saben que la lentitud pasmosa de los procedimientos los terminará absolviendo por vencimiento de términos.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría se turnarán las pruebas sin que la justicia llegue y defienda los recursos públicos. En varios países vecinos el escándalo de Odebrecht ha tumbado presidentes, ministros, políticos y jueces. Aquí, a pesar de múltiples evidencias, los encopetados beneficiados de los sobornos se pasean orondos por las calles y los medios.
La justicia no opera para los pobres que saben que no pueden contar con ella. La justicia tampoco les sirve a los ricos que saben que cualquier proceso puede durar décadas lesionando sus negocios y haciendo muy costoso cualquier recurso a ella.
La justicia sirve a los grandes bandidos, como quedó al descubierto en el “cartel de la toga”, que salpicó las más altas instancias del poder judicial. Por cierto, los acusados de este escándalo también están en la total impunidad.
Y está el remedo de justicia creado por el acuerdo de paz rechazado en las urnas por los colombianos. Una justicia que ni si quiera disimula su parcialidad y su contenido ideológico. Una justicia que se deja condecorar por los mayores asesinos que ha tenido Colombia.
Una justicia que buscó la manera de liberar a Santrich para que volviera a delinquir y que se presta para lavar conciencias de bandidos que se saben cobijados por una impunidad blindada. Una justicia que desprecia las denuncias de las víctimas de las Farc y que relativiza los horribles crímenes que cometieron con cientos de miles de inocentes.
Reformar la justicia debería ser la prioridad nacional. Pero tampoco se puede pues el entramado de intereses políticos y roscas se confabulan para sabotear su aprobación. Pasan los gobiernos y nada cambia.
Solo la reforma propuesta en el gobierno de Santos, que favorecía a los corruptos, pudo ser aprobada por el Congreso, en medio del escándalo nacional que la hizo zozobrar.
Ninguna sociedad es viable sin un servicio de justicia. Nuestros males no se podrán superar sin primero atacar el más grave de todos: una justicia que no tiene vergüenza de su inoperancia.
Miguel Gómez Martínez
Presidente de Fasecolda
Portafolio, diciembre 15 de 2020