Detrás del histórico 8,8% de desempleo que celebra el Gobierno se esconde una realidad preocupante: la mayoría de los puestos de trabajo creados en los últimos cuatro años son informales o empleos públicos con tinte electoral. El economista Andrés Valencia advierte que el sector rural es el más golpeado y que la reforma laboral y el alza del salario mínimo están frenando la contratación formal.

El presidente Gustavo Petro llegó al Parque de las Luces de Medellín el Día del Trabajo con una buena noticia bajo el brazo: el desempleo en Colombia bajó al 8,8 % en marzo, la cifra más baja para ese mes desde 2001.

Aunque el Gobierno lo celebró como un logro histórico, Andrés Valencia, analista económico y exministro de Agricultura, aseguró que la reducción del desempleo no significa necesariamente una mejora estructural en el mercado laboral.

"Es una forma de vender un desempleo que viene en descenso, pero estructuralmente no se está resolviendo uno de los grandes problemas del mercado laboral en Colombia, que es la informalidad", advirtió.

Los números del DANE le dan la razón: entre marzo de 2025 y marzo de 2026 se crearon 457.000 empleos por cuenta propia (personas que se rebuscan sin prestaciones ni seguridad social) frente a 361.000 empleos particulares o formales.

El patrón se mantiene durante todo el gobierno. En cuatro años, el trabajo informal creció 14 %, mientras el empleo formal avanzó solo 12 %. Hoy Colombia tiene 10,47 millones de asalariados particulares y 10,33 millones que se las arreglan por su cuenta. La diferencia es casi imperceptible, y eso es precisamente el problema.

Burocracia militante

El otro motor del empleo que preocupa a los analistas es el sector público. Mientras las empresas privadas frenan contrataciones, el Estado sigue engordando su nómina.

"Estamos viendo una situación precaria en materia de formalidad y un Estado que sigue creciendo, generando básicamente lo que se ha conocido como burocracia militante: empleos que van a terminar favoreciendo al candidato afín al gobierno en las próximas elecciones", señaló Valencia.

En febrero, por primera vez en muchos años, el sector público generó más empleos que el agropecuario. Y eso no es un dato menor: según Valencia, cada funcionario contratado puede representar entre uno y cuatro votos para el candidato del gobierno.

"Hay nepotismo a lo largo de la burocracia estatal: esposas, hijos, sobrinos de funcionarios con cargos públicos. Cambian los requisitos para que estas personas puedan trabajar en el Estado, de tal manera que hoy en día usted pueda ser arquitecto y trabajar, por ejemplo, en la Superintendencia de Salud, como ha sido denunciado recientemente", denunció.

Empleo del campo en caída

En el campo, la situación es aún más crítica. De los más de cuatro millones de personas que trabajan en zonas rurales dispersas, entre el 83 % y el 85 % lo hacen en condiciones informales: sin cotizar a salud, sin pensión, sin red de protección.

El sector agropecuario llegó a emplear casi 3,08 millones de personas antes de la pandemia, y ese nivel no se ha recuperado. En marzo, el campo perdió entre 300.000 y 400.000 empleos adicionales respecto a meses anteriores.

De acuerdo con Valencia, la empresa privada no está contratando más por cuenta de dos factores: el incremento del salario mínimo del 23% y la reforma laboral. Tal como señaló el experto, empresas no vinculan de manera formal porque los costos laborales son muy altos.

"Si mira la creación de empleos en las 13 principales ciudades del país, claramente se están generando cada vez menos trabajos de carácter formal y cada vez menos gente está ganando el salario mínimo. (…) El mercado laboral venía creciendo a tasas del 4 o 5 % anual en las principales ciudades y ese crecimiento se ha venido desacelerando", explicó.

¿Qué debe hacer el próximo presidente?

Para el próximo gobierno, la tarea será enorme. Valencia propone revisar la reforma laboral para que contratar sea más fácil y menos costoso, desindexar algunas cargas laborales del salario mínimo, y dar tratamientos diferenciados a las micro, pequeñas y medianas empresas.

También defiende el régimen simple de tributación como herramienta clave para que tiendas, fincas y pequeños negocios puedan formalizar a sus trabajadores sin quebrar en el intento.

Pero antes de pensar en reformas, advirtió que hay que enfrentar la bomba que deja este gobierno: una burocracia costosa financiada a tasas del 14 % (cuando antes se conseguía al 4 o 5%) que va a consumir una parte enorme del presupuesto del próximo mandatario.

"El primer programa económico que va a arrancar (el próximo gobierno) es ver cómo reduce el gasto, porque sin duda va a mermar su posibilidad de tener un gobierno con los suficientes recursos para construir infraestructura, mejorar el sistema de salud, garantizar las condiciones de acceso a la seguridad social", concluyó Valencia.