El economista y experto en el sector ganadero Alfonso Santana Díaz alertó sobre el fuerte impacto financiero que tendrá el Decreto 572 de 2025, mediante el cual el Gobierno busca obtener un recaudo adicional que se estima en 7,8 billones de pesos, y que entró a regir el pasado 1.º de junio. ¿Cuánto de ese dinero tendrá que aportar el sector agropecuario y cuánto los ganaderos?

El mecanismo que utilizó el Gobierno en este nuevo decretazo —pues vamos de decretazo en decretazo, cambiando la economía y la institucionalidad—, consiste en modificar la base de la retención en la fuente y anticipar el recaudo de impuestos, lo cual significa que de ahora en adelante van a aumentar los precios.

¿Cómo lo hizo? Pues disminuyó las bases mínimas de retención en la fuente y modificó tarifas de autorretención en diferentes actividades económicas a título del impuesto sobre la renta.

Por ejemplo, para la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial o en las compras de café pergamino tipo federación, la base de retención era hasta el 31 de mayo de $4.582.000, y a partir del 1 de junio es de $3.486.000. Ese menor valor impondrá a más personas a ser sujetas de retención.

También modificó las tarifas de retención en la fuente y de autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios, la cual se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo. Por ejemplo, para cría de ganado bovino y bufalino, la autorretención era de 0,55% y pasó a 1,20%, así como para las actividades de apoyo a la ganadería.

Así lo justifican

¿Cómo justifica el gobierno estos cambios que muchos analistas lo califican como una reforma tributaria que será para las finanzas públicas, indudablemente, «pan para hoy y hambre para mañana» y desestabilización para la actividad productiva privada?

Pues argumenta que el comportamiento de la actividad económica en Colombia en 2024 refleja una clara senda de reactivación, con un crecimiento real prácticamente tres veces superior al registrado en 2023 (como dice en los considerandos del decreto), que tuvo éxito la implementación de la agenda gubernamental orientada a fortalecer el sector primario de la economía y a reducir la dependencia del aparato productivo nacional y regional de los ingresos provenientes de los sectores extractivos del proceso de reconversión productiva.

Señala que eso se refleja en un sólido desempeño del sector primario, así como el establecimiento de nuevos máximos históricos en exportaciones de productos no tradicionales, especialmente agrícolas.

Agrega que existen mejores condiciones económicas generales y particulares, adecuadas condiciones de liquidez del aparato productivo y un tema técnico que define como aumento de las brechas entre autorretenciones e impuesto a cargo en varios sectores económicos.

¡Eso dice el papel! ¿Nuestros lectores tendrán esa misma percepción? No dice nada acerca de la erosión de las actividades agropecuarias, ni de la pérdida de rentabilidad por efecto de la inseguridad, ni de la infernal guerra que se vive en diferentes regiones producto de la lucha de territorios por parte de las narcoguerrillas, ni del aumento de costos, ni la ausencia de vías para sacar los productos del campo al mercado.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), el impacto financiero del decreto puede hacer inviables a diferentes organizaciones de la cadena bovina. Foto: Fedegán FNG - iStock - eltiempo.com

Impacto a los ganaderos

Pasemos a las cifras. Se van a recaudar por adelantado 7,8 billones de pesos. No sé cómo van a hacer los ganaderos para que las vacas les adelanten la leche que producirán el año entrante o la carne que se venderá el siguiente año, pues el sector agropecuario deberá responder por un 9,8 % de ese recaudo, que es el porcentaje del valor agregado en el total de la economía. Esto equivale a 764 mil millones de pesos.

El sector ganadero bovino tendrá que desembolsar el equivalente a su participación en este valor agregado (9 %) que, en pesos corrientes, ascenderá a cerca de 69 mil millones de pesos. ¡Vayan haciendo la cuenta, amigos ganaderos, de dónde va a salir esa platica, que, en otros términos, es dinero que se dejará de invertir en el sector para llevarlo al gasto público!

Eso indudablemente va a desbarajustar los flujos de caja y la rentabilidad de todas las actividades, pues en la práctica esa suma se convierte en un préstamo forzoso en favor del Estado, en detrimento del costo de oportunidad para los contribuyentes y, en no pocos casos, en costos financieros para conseguir recursos que distrae estas retenciones, y desde luego en el aumento de precio de insumos y de otros bienes.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), el impacto financiero puede hacer inviables a diferentes organizaciones de la cadena y, en consecuencia, generar despidos y cierres, al sumarse a las ya existentes altas cargas tributarias, el alto valor del impuesto predial, y a la implementación de la reforma laboral ya bastante compleja y onerosa para las empresas.

El decretazo ya ha sido demandado. El problema es el tiempo de resolución de esas demandas. Lo mejor es mirar cómo sortear este hueco financiero que le está propiciando el Gobierno de la potencia de la vida y de la despensa mundial de alimentos a nuestros productores.