El Ejecutivo esperaba recaudar $8,3 billones por ese tributo, pero solo recogió $3,3 billones, muy por debajo de la meta fijada para atender la emergencia económica por la ola invernal. Analistas advierten que, además de la incertidumbre jurídica que ocasionó la medida, el desajuste evidencia fallas en las proyecciones oficiales y aumenta la presión sobre las cuentas públicas.

Las cuentas no le dieron al gobierno Petro y la planeación fiscal le salió mal. El impuesto al patrimonio que creó mediante el Decreto 173 de 2026 para financiar la emergencia económica provocada por la ola invernal no alcanzó la meta de recaudo proyectada.

El Ministerio de Hacienda esperaba recoger alrededor de $8,3 billones, pero según pudo establecer El Colombiano, solamente la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) había alcanzado ingresos cercanos a los $3,3 billones por este concepto. El desfase supera los $5 billones, lo que representa una diferencia de aproximadamente 60,2% frente a la meta oficial.

El impuesto estaba dirigido a personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones. La fecha principal de pago para este grupo venció el pasado 4 de mayo, aunque para establecimientos permanentes y sucursales extranjeras el plazo se extiende hasta el 1 de junio. Sin embargo, expertos consideran que ese recaudo adicional no moverá la aguja de forma significativa.

Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, proyecta que el recaudo final podría cerrar entre $4,5 billones y $5 billones, cifra que aún estaría muy por debajo de la meta planteada por el Ejecutivo. Para Junco, las compañías con establecimiento permanente generalmente no concentran grandes activos en el país, por lo que su aporte sería marginal.

En diálogo con CONtexto, el especialista en derecho financiero y tributario reveló que demandó este impuesto al patrimonio, tal como lo hizo con los gravámenes decretados durante la primera emergencia económica, por considerar que todos son inconstitucionales.

Desde antes de que se hiciera efectivo el cobro esperaba que el tributo fuera tumbado, y ahora aguarda que, una vez declarado inexequible, el Gobierno devuelva los recursos recaudados. Así se refirió a la segunda emergencia que estableció este impuesto:

“¿Qué esperamos? Que la Corte Constitucional no solo diga que es inconstitucional, sino que le dé el mismo alcance que a la emergencia anterior: que establezca que el Ejecutivo se extralimitó al modificar cargas tributarias por fuera del ordenamiento. En otras palabras, que declare el decreto inexequible y se caiga. La Corte, en esencia, considera que el Gobierno excede sus facultades cuando crea impuestos sin pasar por el Congreso”, anotó.

Desfase desde la primera cuota

El desfase entre el recaudo esperado y el efectivo empeoró entre las dos cuotas. En la primera, la DIAN debía recaudar cerca de $4,15 billones (equivalente al 50 % del total esperado), pero solo ingresaron alrededor de $2,5 billones. La segunda cuota agravó el panorama: apenas sumó $800.000 millones con corte a abril, es decir, una tercera parte de lo obtenido en el primer cobro.

Parte del rezago obedece a la incertidumbre jurídica que rodeó el tributo desde su expedición. A finales de abril, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el cobro de la segunda cuota para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y sociedades que están cerrando sus puertas y repartiendo sus activos para pagar deudas, lo que generó confusión.

"A raíz de esa suspensión, muchas empresas optaron por esperar el fallo definitivo antes de pagar”, afirmó Henry Amorocho, gerente de Amorocho&Daza y docente de la Universidad del Rosario al medio El Colombiano.

Por su parte, Christian Quiñonez, exsubdirector de la Dian, explicó en Portafolio que esto se debe a la falla estructural en la forma como el Gobierno estimó los ingresos del tributo, sin considerar suficientemente los mecanismos legales disponibles para minimizar la base gravable.

"Yo sigo sosteniendo que las cuentas del Gobierno fueron muy a la ligera cuando decidió implementar este impuesto", indicó.

Quiñonez advirtió, además, que el problema trasciende este impuesto en particular y refleja un patrón recurrente en la gestión fiscal del Ejecutivo.

"El Gobierno se ha caracterizado por hacer muy malas proyecciones y eso realmente tiene al país en una crisis fiscal profunda", añadió.

El panorama podría agravarse si la Corte Constitucional declara inexequible el decreto. En ese escenario, el Estado estaría obligado a devolver los recursos ya recaudados, lo que profundizaría el hueco fiscal. Por ahora, las empresas que no pagaron enfrentan intereses cercanos a dos puntos por debajo de la tasa de usura —actualmente en 28,17 %— y se exponen a procesos de cobro coactivo, embargos y medidas cautelares por parte de la DIAN.

Contratación estatal creció pese a desajuste fiscal

El bajo recaudo del impuesto al patrimonio también coincide con cuestionamientos sobre el manejo del gasto público y el aumento de la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Sectores de oposición han advertido que, mientras el Ejecutivo enfrenta problemas de caja y busca recursos extraordinarios, la nómina pública y los contratos por prestación de servicios siguen creciendo.

Según denunció Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, entre el 2 y el 28 de enero de 2026 el Gobierno habría firmado 85.826 contratos OPS por más de $5,1 billones, con un promedio superior a 3.100 contratos diarios. Esto a pocos días de que entrara en vigor la ley de garantías electorales que impedía vincular o despedir personas a partir del 31 de enero.

El dirigente aseguró que el monto comprometido en menos de un mes equivale al presupuesto anual completo de Cartagena y representa un incremento de 183 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 28.382 contratos por $1,8 billones.

“Están quebrando el país para sostener su proyecto electoral, mientras a los colombianos les dicen que se aprieten el cinturón”, declaró en su momento.