Los centros de pensamiento alertaron que la propuesta del Ministerio de Hacienda de aplicar retención a pagos electrónicos afectaría la inclusión financiera y el avance digital del país. Ambos coinciden en que la medida incentivaría el uso del efectivo y frenaría la formalización económica.

Los principales centros de pensamiento económico del país advirtieron que la propuesta del Gobierno nacional de gravar las transacciones digitales de bajo valor podría tener efectos negativos sobre la inclusión financiera y la formalización de la economía.

La iniciativa del Ministerio de Hacienda busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 por mil a los pagos realizados por plataformas como Nequi y Daviplata, medida que ha generado rechazo entre economistas y analistas del sector.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que “gravar las transacciones digitales con una retención del 1,5 por mil va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”.

Según explicó, la propuesta podría tener tres efectos: desincentivar el uso de medios electrónicos, fomentar el retorno al efectivo y encarecer las operaciones para hogares y pequeños negocios.

“Es una mala idea que llega justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente. El Ministerio debería desistir de esta propuesta”, puntualizó Mejía. (Lea en CONtexto ganadero: Asobancaria alerta que retención del 1,5% a pagos digitales podría frenar inclusión financiera)

Por su parte, José Ignacio López G., presidente de ANIF, señaló que el decreto busca unificar la tarifa de retención existente para pagos con tarjeta y operaciones electrónicas de bajo valor. Sin embargo, advirtió que esto “introduce fricciones que desincentivan la adopción de herramientas como Bre-B”, la nueva plataforma de pagos instantáneos del Banco de la República.

“Es como si el pan se quemara en la puerta del horno”, afirmó López, al advertir que la medida podría obstaculizar el desarrollo de sistemas de pago modernos en el país.

ANIF también enfatizó que el alto nivel de informalidad laboral en Colombia limita la digitalización de pagos y mantiene a buena parte de la población fuera del sistema financiero formal. En ese contexto, gravar las transacciones digitales agravaría el problema y afectaría la agenda de innovación financiera.

El centro de estudios recordó los resultados de una investigación conjunta con Colombia Fintech, según la cual eliminar, en lugar de aumentar los impuestos, genera beneficios fiscales y de formalización en el mediano plazo.

“El riesgo es que se desincentive el uso de medios digitales y se refuerce la preferencia por el efectivo”, concluyó ANIF.