Las recientes capturas de responsables por sacrificio ilegal en Bogotá revela el grave riesgo que estos mataderos representan para la salud pública. Se estima que más de un tercio de la carne consumida en Colombia proviene de estos sitios sin control, lo que exige respuestas urgentes y contundentes de las autoridades.

El pasado 4 de mayo la Fiscalía General de la Nación capturó al propietario de un matadero clandestino en el barrio Fontanar del Río en la localidad de Suba en Bogotá. Fueron incautadas más de tonelada y media de carne y se evidenció que los residuos eran vertidos directamente al río Bogotá.

“En el lugar los bovinos eran sacrificados sin las medidas de salubridad adecuadas, además los residuos eran arrojados al suelo y a las aguas del río Bogotá, generando afectaciones al medio ambiente”, destacó el ente acusador.

Las autoridades judicializaron al propietario del predio en Suba, que fue imputado por corrupción de alimentos, contaminación ambiental y maltrato animal, aunque no aceptó los cargos. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Por qué replantear las estrategias de control y costos para combatir el abigeato y el sacrificio ilegal?)

Días antes, el 27 de abril, un operativo conjunto entre la Seccional de Carabineros, el Invima y la Secretaría Distrital de Salud permitió la captura de tres personas en la vereda Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar, tras recibir la alerta de un posible caso de sacrificio ilegal de bovinos.

En el lugar se encontraron seis canales de res sin condiciones sanitarias adecuadas y los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por la manipulación y distribución ilegal de carne.

Estos operativos realizados en Bogotá ponen de manifiesto la amenaza que representan estos establecimientos ilegales para la salud pública y la seguridad alimentaria en Colombia. A pesar de las capturas, representan apenas un porcentaje mínimo de un delito que golpea gravemente a toda la cadena cárnica, perjudicando al sector y poniendo en riesgo a millones de consumidores.

Estudio realizado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán.

Ingresos reducidos

Los mataderos clandestinos operan sin controles sanitarios, sacrificando animales en condiciones insalubres. Esto facilita la propagación de enfermedades zoonóticas como brucelosis y tuberculosis, y contamina recursos hídricos al verter residuos directamente en cuerpos de agua. La carne procesada en estos lugares, al carecer de inspección oficial, puede llegar al consumidor final sin garantías de inocuidad, elevando el riesgo de intoxicaciones alimentarias y brotes infecciosos.

De acuerdo con un estudio realizado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en 2023, mientras las plantas de beneficio faenaron 3,1 millones de bovinos, los mataderos clandestinos despostaron 1,7 millones de animales en condiciones insalubres, lo que significa que la informalidad está por encima del 45 %. Este sacrificio ilegal representa una competencia desleal para la industria frigorífica y pone en riesgo la salud de los consumidores.

De hecho, desde que en 2016 entró en vigor el Decreto 1500 de 2007 que rige establece los lineamientos que deben cumplir las plantas de beneficio animal, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha clausurado 409 establecimientos. De forma paralela, el número de animales sacrificados en plantas autorizadas ha disminuido de manera progresiva, mientras que el consumo de carne en el país no ha caído en la misma proporción.

Esta desconexión entre el sacrificio legal y el consumo real ha prendido las alarmas en el sector ganadero, porque todo apunta a que buena parte de la carne que se está comiendo en el país estaría siendo cubierta por la ilegalidad. El problema no es solo que esta práctica deja por fuera los controles sanitarios, poniendo en riesgo la salud de los consumidores, sino que además golpea directamente a los productores. Muchos ven cómo les roban sus animales o canales, y para rematar, cada res que no pasa por un establecimiento autorizado deja de aportar a la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero (CFGL).

Esto último tiene un impacto enorme: sin ese dinero, el Fondo Nacional del Ganado —encargado de financiar la vacunación contra fiebre aftosa y otros programas fundamentales para el campo— ve reducidos sus ingresos. Es decir, detrás de cada canal ilegal no solo hay un riesgo para quien lo consume, también hay un hueco en la protección sanitaria del hato nacional y un freno al desarrollo de iniciativas que benefician directamente a los ganaderos del país.

Vea a continuación el capítulo del Manual Práctico Ganadero sobre la importancia de la inocuidad en la industria frigorífica:

Requisitos legales

Para operar legalmente, un matadero en Colombia debe cumplir con las normativas establecidas en el Decreto 1500 de 2007 y sus actualizaciones. Esto incluye contar con infraestructura adecuada, sistemas de tratamiento de aguas residuales, programas de control de plagas, y personal capacitado en buenas prácticas de manufactura. Además, deben estar registrados y autorizados por el Invima, y someterse a inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. (Lea en CONtexto ganadero: Sacrificio clandestino: una bomba de tiempo)

La lucha contra los mataderos clandestinos es una tarea que requiere la colaboración de las autoridades, el sector ganadero y la ciudadanía. Solo mediante el fortalecimiento de los controles sanitarios y la promoción de prácticas legales y seguras en la cadena cárnica se podrá garantizar la salud pública y la seguridad alimentaria en Colombia.

Para combatir esta amenaza que afecta a toda la cadena ganadera, es clave el compromiso de la ciudadanía. Las autoridades hacen un llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el sacrificio clandestino o la comercialización de carne en condiciones insalubres.

Si conoce de un matadero ilegal o de prácticas irregulares en su región, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional a través de la línea 123 o acérquese a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental. Su denuncia puede marcar la diferencia.