Este lunes 1º. de diciembre inicia la mesa de concertación en la que se definirá el incremento salarial para el 2026. La espera por el nuevo ajuste causa tensión entre trabajadores, empresarios y sindicatos, pues la diferencia entre un aumento del 7 % y uno del 10 % a 20 % impacta tanto a los jornaleros como a los productores que dependen de su mano de obra.

Para millones de jornaleros del campo colombiano, cuyo sustento depende de un salario mínimo, cada punto porcentual de aumento se traduce en más comida, medicinas y transporte. Pero detrás de los discursos hay una intensa disputa sobre cuánto puede crecer sin desestabilizar la economía.

Debate con cifras concretas

Actualmente el salario mínimo está en $1.423.500. Si se aprueba un ajuste del 7 %, como propone Fedesarrollo, subiría a $1.523.145 en 2026.

Pero representantes de los trabajadores insisten en que el incremento no puede ser inferior al 10 %, mientras algunos sindicatos -como ha señalado en medios citados por analistas económicos- mencionan una cifra cercana al 20 %. Según esos voceros, el nuevo salario mínimo podría alcanzar hasta COP $1.708.200.

Advertencias del sector empresarial

Para muchos comerciantes, propietarios de pequeñas y medianas empresas y gremios empresariales, un ajuste por encima del 7 % podría generar efectos adversos: el alza en costos laborales presionaría los precios, incrementaría la inflación y podría afectar el empleo formal.

Tanto Fedesarrollo como otros analistas recomiendan que el ajuste se base en indicadores técnicos -inflación y productividad- y advierten sobre el riesgo de que incrementos exagerados incentiven la informalidad o afecten las finanzas de las empresas.

La diferencia de tres puntos porcentuales -por ejemplo entre 7 % y 10 %- equivale a unos $50.000 adicionales al mes. Sin considerar el auxilio de transporte, este monto hace una gran diferencia en el presupuesto cotidiano de un jornalero.

¿Qué está en juego para el campo?

Para quienes trabajan la tierra o realizan labores rurales, un aumento moderado puede ser una vía de alivio frente al alza de precios, garantizar acceso a alimentos y preservar calidad de vida. Pero un salario demasiado elevado podría encarecer los costos de producción agropecuaria, aumentar la informalidad e incluso reducir la demanda laboral en zonas rurales.

La “puja” por decretar el monto del salario mínimo -entre quienes proponen un incremento moderado por razones económicas y quienes exigen un alza mayor para proteger el poder adquisitivo- definirá no solo el bolsillo del jornalero, sino también el rumbo del empleo formal y la estabilidad del sector productivo.

#Colombia | María Elena Ospina, presidenta de Acopi, habla sobre el panorama de la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia para el 2026.

Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/zJHMHkgKSX

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 1, 2025