En entrevista con CONtexto, Juan Cristancho, presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá, alertó sobre el impacto del aumento en los avalúos catastrales que ha suscitado protestas en distintas regiones del país. El gremio advierte que la medida podría desincentivar la producción, afectar la seguridad alimentaria y desplazar a pequeños productores.

“El productor pierde el gusto, pierde el incentivo por seguir parado en esa tierra… lo sacan del juego”. Con esta contundente advertencia, Juan Cristancho, presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá, resumió la preocupación que hoy embarga al sector rural frente al aumento en los avalúos catastrales impulsado por el Gobierno Nacional.

El dirigente gremial fue enfático en señalar que el impacto de esta medida no es menor, especialmente en un departamento como Boyacá, caracterizado por su estructura minifundista, donde predominan pequeños y medianos productores que dependen directamente de la rentabilidad de sus predios para subsistir.

Modelo que no reconoce realidad del campo

Cristancho explicó que uno de los principales problemas radica en la forma en que se están realizando los avalúos. Según dijo, la aplicación de metodologías generalizadas desconoce las particularidades productivas de cada predio. “Boyacá tiene una distribución específica distinta al resto del país. Nosotros somos un departamento absolutamente minifundista… en un kilómetro recorren ocho o diez unidades productivas”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que las decisiones se estén tomando sin visitas técnicas individualizadas: “Se están corriendo enormes riesgos… porque ponen a todo el mundo con el mismo rasero. Eso es un error”.
Para el gremio, el catastro multipropósito es una herramienta válida de ordenamiento territorial, pero su implementación debe ser rigurosa y basada en la realidad productiva de cada finca, no en estimaciones desde el escritorio.

Riesgo de una carga tributaria insostenible

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con el impacto directo en el impuesto predial. Cristancho advirtió que, en muchos casos, los nuevos avalúos superan ampliamente la capacidad económica de los productores. “El predio pasó de valer 60 millones a valer 3.000… el impacto que tiene el productor es muy fuerte”, explicó.

Aunque existen topes legales para el incremento del impuesto en el corto plazo, el dirigente aseguró que el problema de fondo es el valor asignado al predio, que no corresponde a su capacidad real de generación de ingresos. “Le ponen en la cabeza del propietario de la tierra un valor que jamás ha sido real… ese pequeño terruño no va a producir ese dinero para pagar un impuesto predial tan costoso”, afirmó.

Este escenario, según el gremio, podría desencadenar un efecto dominó: abandono de tierras, pérdida de productividad e incluso la llegada de actores especulativos. “Ojalá mis palabras no sean proféticas, pero puede caer esa tierra en manos de especuladores… de lavado de capitales”, advirtió Cristancho.

Impacto en la producción y seguridad alimentaria

Las implicaciones de esta situación no se limitan a lo económico. Para el sector ganadero, el riesgo es estructural y podría afectar la seguridad alimentaria del país. “Si perdemos esa vocación de productores de la tierra… la seguridad alimentaria también se va a ver amenazada”, aseguró.

Boyacá, explicó Cristancho, es una región clave en el abastecimiento de alimentos para grandes centros urbanos como Bogotá, especialmente en productos como leche y carne. Sin embargo, el aumento de costos, sumado a una rentabilidad ya golpeada, podría desincentivar la producción. “La rentabilidad de la actividad ganadera ha estado muy compleja… si le sumamos que el impuesto predial va a subir exponencialmente, hace que el productor se reviente”, señaló. Además, advirtió que la falta de rentabilidad limita la capacidad de inversión en mejoras productivas, como sistemas de riego, genética o tecnificación.

Piden evaluar predio a predio

Frente a este panorama, la Federación de Ganaderos de Boyacá propone retomar modelos de actualización catastral más precisos, como el aplicado en municipios como Monguí, donde se realizaron visitas técnicas a cada predio. “Se hizo la evaluación predio a predio… esa es una manera más justa que sí se puede llevar a cabo”, explicó Cristancho. El llamado del gremio es claro: construir soluciones a partir del diálogo y el consenso con el Gobierno Nacional. “Todo se debe solucionar a través de consensos… busquemos dónde sí tenemos coincidencias”, afirmó.

Debate nacional que escala

La controversia por el aumento en los avalúos catastrales ha escalado a nivel nacional, con protestas en varias regiones y llamados de autoridades locales a revisar la medida. Según reportes oficiales, el Gobierno defiende la actualización como un mecanismo para reducir el rezago histórico frente a los valores comerciales de la tierra. Sin embargo, gremios y comunidades rurales insisten en que la implementación actual está generando distorsiones que podrían afectar gravemente la sostenibilidad del campo colombiano. Por ahora, el sector ganadero de Boyacá permanece a la expectativa de una respuesta oficial.

Entre tanto, la advertencia es clara: sin ajustes en la metodología, el país podría enfrentar no solo una crisis tributaria en el campo, sino también un golpe directo a su seguridad alimentaria.

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