Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca y Guaviare fueron escenario de hechos violentos registrados en apenas unos días. Más allá de las cifras, organismos como Indepaz y la Defensoría del Pueblo advierten que detrás de estos casos persisten disputas por corredores estratégicos, economías ilícitas y formas de control armado que siguen exponiendo a las comunidades rurales

En menos de cinco días, Colombia volvió a registrar una secuencia de hechos que mantienen encendidas las alarmas. Tres masacres ocurridas entre el 2 y el 6 de junio en Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca dejaron al menos 10 personas muertas, mientras que un ataque armado en Guaviare volvió a evidenciar la capacidad de acción de estructuras ilegales en distintas regiones del país.

Los casos, ocurridos en territorios separados por cientos de kilómetros, tienen un elemento común: la persistencia de grupos armados que disputan control territorial y mantienen bajo presión a las poblaciones locales. (Lea en CONtexto ganadero: Polémico comunicado de alias ‘Calarcá’ es visto por MinDefensa como admisión de la masacre)

El primer caso se registró en Candelaria, Valle del Cauca. Según los reportes conocidos, hombres armados ingresaron a varias viviendas y retuvieron a cuatro personas. Horas después, tres de ellas fueron halladas sin vida en una zona rural, mientras que otra continúa desaparecida.

Un día después, la violencia golpeó nuevamente al suroccidente del país. En el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, cuatro hombres fueron asesinados por actores armados que tienen presencia en la zona. Entre las víctimas se encontraban habitantes de distintos municipios del departamento.

A estos hechos se sumó una tercera masacre ocurrida en Cundinamarca, completando un saldo de al menos diez personas asesinadas en menos de una semana.

Para Indepaz, estos casos se producen en contextos donde convergen estructuras ilegales que mantienen disputas por rutas, recursos y espacios de influencia, especialmente en áreas rurales donde la población civil queda atrapada entre diferentes intereses armados.

Más allá de las víctimas

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre los riesgos que enfrentan varios de estos territorios. En alertas tempranas emitidas para municipios del Valle del Cauca y Cauca, la entidad señaló que la imposición de normas, mecanismos de control social y otras formas de gobernanza ilegal representan amenazas permanentes para las comunidades.

La preocupación de las autoridades y organizaciones de derechos humanos radica en que estos hechos reflejan la capacidad de los grupos armados para mantener presencia e influencia en distintos territorios del país.

La continuidad de las masacres y los ataques armados evidencia que las comunidades siguen expuestas a dinámicas de violencia asociadas al control territorial y a las disputas entre estructuras ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: Más ataques dejan decenas de muertos: ¿quién protege a Colombia de cara a las elecciones?)

Problema creciente

Mientras el país intentaba asimilar las noticias de las masacres, el ataque registrado en Guaviare volvió a poner sobre la mesa la capacidad operativa de grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública.

Aunque cada hecho tiene dinámicas particulares, el conjunto de acontecimientos muestra una tendencia que preocupa a organizaciones sociales y autoridades: la persistencia de estructuras armadas que continúan ejerciendo influencia sobre extensas zonas rurales.

La sucesión de hechos violentos en distintos departamentos deja una pregunta sobre la efectividad de las estrategias de seguridad y protección territorial. Más allá de las cifras, los acontecimientos registrados durante la última semana reflejan que los grupos armados continúan disputando espacios de poder y manteniendo escenarios de riesgo para la población civil en varias regiones de Colombia.