El gremio promovió durante años una mayor participación de los lácteos en el PAE, el ICBF, las Fuerzas Militares, las cárceles y otros programas oficiales para estimular el consumo y aliviar las crisis por sobreoferta. Aunque la iniciativa fue anunciada durante la administración saliente, su ejecución resultó limitada y sin impacto estructural sobre el mercado.

La administración del presidente Gustavo Petro concluye este 7 de agosto de 2026 sin haber consolidado una de las estrategias que buscaba enfrentar las crisis recurrentes del sector lechero: aumentar el consumo de leche a través de los programas de alimentación financiados por el Estado.

Así lo concluye la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) en el informe ‘Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero’, en el que evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la cadena láctea durante los últimos cuatro años.

Desde el inicio del gobierno, tomó fuerza la propuesta de incrementar la participación de la leche y sus derivados en programas dirigidos a poblaciones vulnerables, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las ollas comunitarias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la población privada de la libertad y las Fuerzas Militares, con el propósito de ampliar la demanda interna y reducir los efectos de las recurrentes crisis por sobreoferta.

El objetivo, según el informe, era “incrementar el consumo de leche mediante su inclusión y mayor participación en programas de alimentación dirigidos a poblaciones vulnerables y atendidas por el Estado”.

Además, se buscaba “ampliar la demanda interna de leche con el fin de mitigar las crisis recurrentes del sector asociadas a la mayor oferta, no solo por el incremento de la producción de nuestros ganaderos y campesinos, sino por la creciente importación de lácteos”.

Sin embargo, Fedegán concluye que los resultados estuvieron lejos de lo esperado.

“En algunos programas de alimentación institucional se incluyó leche y derivados, pero la implementación fue heterogénea entre regiones y no alcanzó la escala necesaria para impactar de forma decisiva el mercado”, señala el documento.

Como consecuencia, “las crisis asociadas al exceso de oferta en el sector lechero continuaron presentándose en distintos periodos”, lo que demuestra, según el gremio, que “la articulación entre la política social de alimentación y la estabilización del mercado lácteo no logró materializarse durante el periodo de manera significativa”.

Los obstáculos

Fedegán identifica varias razones que explican por qué la iniciativa no logró convertirse en una política pública de alcance nacional.

Entre ellas menciona las limitaciones presupuestales, las diferencias en la ejecución entre entidades territoriales y la ausencia de una estrategia unificada de compras públicas que garantizara volúmenes constantes y sostenidos de demanda.

A ello se sumaron restricciones logísticas para distribuir productos lácteos en zonas apartadas, dificultades para mantener cadenas de frío, una baja articulación entre la política social y la política agropecuaria, así como la ausencia de incentivos que priorizaran la producción nacional dentro de estos esquemas de abastecimiento.

Impulso de años

Para el gremio ganadero esta no es una iniciativa reciente. Desde hace varios años ha planteado que las compras públicas pueden convertirse en una herramienta para estabilizar el mercado cuando la producción supera la demanda nacional.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, reiteró esa propuesta en su columna del 21 de junio de 2024, titulada Volvieron las lluvias… y la leche derramada.

“Hemos propuesto que las compras públicas nos ayuden, que la leche sea obligatoria en los menús de guarniciones militares y, sobre todo, por su importancia para el crecimiento, en los hogares infantiles del ICBF y el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, escribió.

Su planteamiento también contemplaba “una alianza entre el Estado, los ganaderos y la industria, para producir leche para segmentos populares, con un subconsumo que hace parte de los problemas de desnutrición”.

Lafaurie advirtió, entonces, que la crisis del sector “no es un cuento imaginario”, sino la realidad que enfrentan cerca de 300.000 colombianos, en su mayoría pequeños productores.

“Desde hace años hemos puesto propuestas de solución sobre la mesa…, y ahí siguen”, señaló.

Y concluyó con un llamado que, según Fedegán, sigue vigente:

“Podemos hacer más seminarios para un problema sobrediagnosticado, pero es urgente pasar a las soluciones”.

Para el gremio, durante los últimos años se han presentado propuestas con sustento técnico para estabilizar el mercado lácteo, reducir las brechas del sector y estimular el consumo nacional, pero estas no lograron traducirse en decisiones de política pública.

Reto para el nuevo Gobierno

En su balance, Fedegán plantea al gobierno que inicia este 7 de agosto, encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, consolidar una política integral de compras públicas de leche que convierta los programas sociales del Estado en un instrumento efectivo de estabilización del mercado lácteo.

Para lograrlo, recomienda unificar los criterios de adquisición en programas como el PAE, el ICBF, las ollas comunitarias, la población carcelaria y las Fuerzas Militares, lo que garantizará volúmenes estables y predecibles de demanda.

El informe también propone aumentar la asignación presupuestal para estos programas, fortalecer la infraestructura logística y la cadena de frío en todo el país, y establecer mecanismos que prioricen la adquisición de leche producida por ganaderos colombianos.

Para Fedegán, el desafío no consiste únicamente en atender una coyuntura de mercado, sino en convertir las compras públicas en una herramienta permanente que fortalezca el consumo nacional, mejore la nutrición de millones de colombianos y brinde mayor estabilidad económica a miles de familias productoras de leche.