La declaratoria de más de 5.700 hectáreas en Tenjo como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) reactivó el debate sobre los límites entre protección del suelo productivo y derechos de los propietarios rurales. El Gobierno defiende la medida como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria, pero Fedegán advierte posibles efectos sobre el uso de la tierra, la valorización de los predios y la autonomía de quienes los poseen.

La reciente declaratoria de más de 5.700 hectáreas en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), volvió a poner sobre la mesa una discusión que podría extenderse a otras regiones del país. Para José De Silvestri, director técnico de Fedegán, si el Estado decide imponer restricciones sobre la propiedad privada para proteger los suelos productivos, también debería ofrecer compensaciones y herramientas que permitan sostener la actividad económica de quienes asumen esa carga.

La medida fue adoptada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad que identificó estos terrenos como estratégicos para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

En la práctica, las APPA son zonas rurales que el Estado busca preservar para evitar que los suelos con vocación agropecuaria sean destinados a urbanizaciones, desarrollos industriales u otros usos considerados incompatibles. Aunque esta figura no implica expropiación ni pérdida de la propiedad, sí establece lineamientos sobre las actividades permitidas y debe ser incorporada obligatoriamente en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios.

¿Protección del suelo o limitación al propietario?

Para Fedegán, el principal efecto de las APPA está relacionado con las posibilidades futuras de uso de la tierra. “El efecto más concreto es que el propietario rural queda confinado a un uso agropecuario de su tierra. El propietario conserva la titularidad, pero pierde libertad para decidir el destino económico de su patrimonio”, advirtió De Silvestri.

El dirigente explicó que la ganadería especializada en leche fue reconocida como uno de los usos principales dentro del área declarada en Tenjo. Sin embargo, reiteró que los propietarios que en el futuro quieran destinar sus predios a otras actividades podrían encontrar limitaciones significativas.
La preocupación radica en que las decisiones de la UPRA adquieren carácter obligatorio para las autoridades territoriales, reduciendo el margen para aprobar cambios de uso del suelo asociados con expansión urbana, parcelaciones o desarrollos industriales.

Impacto sobre el valor de la tierra

Otro de los puntos que genera inquietud entre los productores tiene que ver con la valorización de los predios.

Y es que en municipios cercanos a Bogotá buena parte del valor de la tierra ha estado históricamente ligada a expectativas de urbanización o transformación de su uso rural.
Según De Silvestri, “al cerrar esa puerta mediante la declaratoria, el APPA limita el valor comercial del predio a su capacidad productiva agropecuaria”.

Desde el Gobierno, la posición es distinta. La UPRA ha señalado que estas áreas buscan garantizar la disponibilidad de alimentos en el largo plazo y proteger los mejores suelos productivos frente a la creciente presión inmobiliaria.

Bajo esa lógica, la figura pretende preservar la vocación agrícola de los territorios y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

La discusión de fondo

Para Fedegán, cualquier limitación al ejercicio de la propiedad debe estar acompañada de instrumentos que permitan mantener la rentabilidad de la actividad rural. “Si el Estado impone limitaciones sobre la propiedad privada para proteger el suelo productivo, debe garantizar crédito agropecuario preferencial, asistencia técnica efectiva, acceso a mercados e infraestructura productiva. Sin esos instrumentos, el APPA no protege al productor; lo somete a una restricción unilateral”, concluyó De Silvestri.

La discusión apenas comienza y podría convertirse en un precedente para otros municipios donde esta figura continúe siendo implementada. Más allá de Tenjo, el debate de fondo gira alrededor de una pregunta que seguirá acompañando la expansión de las APPA en Colombia: ¿Cómo proteger los mejores suelos agrícolas del país sin afectar la seguridad jurídica, la rentabilidad y la autonomía de quienes viven y producen en ellos?