Un informe de The New York Times reveló que, a través de empresas fantasma, lideradas por familiares de Cilia Flores, desviaron 13.000 millones de dólares mediante exportaciones petroleras no pagadas.

En un momento de reconfiguración política para Venezuela, un revelador informe publicado por The New York Times ha puesto al descubierto la profundidad del saqueo sistemático a las arcas del Estado durante el régimen de Nicolás Maduro.

La investigación, fundamentada en documentos internos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y estadísticas del Banco Central, arroja una cifra escalofriante: por cada dos dólares que el país obtuvo por la venta de crudo, a principios de esta década, uno fue robado.

Este esquema de corrupción mermó la capacidad operativa de la principal industria del país y se convirtió en el pilar financiero de la élite gobernante, operando bajo un manto de impunidad que ahora desafía los intentos de normalización institucional.

Factor Malpica Flores: custodio de la riqueza

El informe señala a un protagonista central en esta trama: Carlos Malpica Flores, sobrino de la exprimera dama Cilia Flores. Según funcionarios petroleros y fuentes internas del sector que hablaron bajo anonimato, Malpica Flores actuó como el "custodio" de la fortuna familiar de los Maduro.

Su ascenso fue meteórico. Tras convencer a Maduro de permitirle gestionar los negocios petroleros, ocupó cargos estratégicos como tesorero nacional y jefe de finanzas de PDVSA. En 2016, al pasar al sector privado como subcontratista, utilizó su influencia y acceso irrestricto para orquestar un esquema de exportación masiva.

Entre 2021 y 2022, con empresas fantasma bajo su control exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares sin transferir un solo centavo a la estatal petrolera, representando la mitad de los ingresos del país en ese periodo.

Cifras del desfalco: 240 buques fantasmas

La magnitud del robo quedó documentada en los balances internos de PDVSA a finales de 2022. La junta directiva de la estatal contabilizó que, entre 2019 y 2022, aproximadamente 240 buques petroleros zarparon de puertos venezolanos sin que se registrara pago alguno.

Estas operaciones resultaron en una pérdida directa de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano. Este mecanismo no solo violó la legislación nacional, que otorga a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera, sino que desvió fondos que debieron destinarse a servicios públicos, infraestructura y programas sociales en medio de una de las crisis humanitarias más graves de la región.

Desafíos para Delcy Rodríguez

Tras la salida de Maduro del poder en enero y la asunción de Delcy Rodríguez, el panorama sigue siendo complejo. Aunque Malpica Flores perdió el acceso directo a las ventas de crudo tras las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en diciembre de 2025, sus empresas continúan operando en yacimientos y prestando servicios logísticos a nivel local.

El reporte de The New York Times subraya una incertidumbre crítica: hasta qué punto la administración de Rodríguez está dispuesta a purgar estas estructuras de corrupción. El gobierno actual sigue integrado por numerosos aliados de la era Maduro, y algunos beneficiarios de los opacos esquemas previos continúan haciendo negocios discretamente con PDVSA.

Estado de derecho, garantía de inversión

Esta revelación surge en un contexto en el que Estados Unidos busca impulsar un ambicioso plan de inversión de 100.000 millones de dólares para revitalizar el sector petrolero venezolano. Sin embargo, el éxito de este plan depende de una premisa fundamental: la seguridad jurídica.

Para que los ejecutivos petroleros estadounidenses decidan apostar por el país, Washington y el gobierno de transición deben demostrar que pueden garantizar el Estado de derecho. Desmantelar las redes de corrupción que permitieron que el 50% de la riqueza nacional terminara en cuentas privadas es, ahora más que nunca, el principal reto para la reconstrucción de Venezuela.