A casi cuatro años del acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para facilitar la compra voluntaria de predios, el dirigente gremial sostiene que el mayor desafío ya no es conseguir tierras, sino convertirlas en oportunidades productivas. Sin ese paso, advierte, el desarrollo rural seguirá siendo una promesa pendiente

La firma del acuerdo para la materialización de la paz territorial entre el Gobierno nacional y Fedegán abrió, en 2022, un camino inédito para facilitar el acceso a tierras mediante la oferta voluntaria de predios.

Casi cuatro años después, José Félix Lafaurie considera que el proceso dejó una enseñanza que trasciende la compraventa de fincas. (Lea en CONtexto ganadero: Tierras: las complejidades del cómo en el Acuerdo)

Para el presidente ejecutivo de Fedegán, el balance no debe medirse únicamente por las hectáreas ofertadas o adquiridas.

El verdadero reto comienza cuando esas tierras llegan a manos de los campesinos para convertirlas en unidades productivas capaces de generar ingresos y bienestar.

En su concepto, la paz rural no depende solamente del acceso a la propiedad.

Depende de que el Estado logre acompañar a los nuevos propietarios con herramientas para producir, comercializar y permanecer en el campo.

El acuerdo firmado en octubre de 2022 buscó facilitar la compra voluntaria de predios por parte del Estado, mientras Fedegán asumía labores de articulación, socialización y acompañamiento técnico entre los ganaderos y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

"La respuesta nuestra fue clara. Constituimos las brigadas solidarias y los ganaderos empezaron a articularse para acompañar a las autoridades cuando se presentaran estos hechos", recordó en Contexto.

Ese proceso, asegura, permitió abrir un canal de diálogo institucional que reemplazó buena parte de la incertidumbre que existía sobre la propiedad rural.

Lo que sí funcionó

Durante la implementación del acuerdo, Fedegán organizó jornadas de socialización, ruedas de negocios y actividades de acompañamiento para facilitar la oferta voluntaria de tierras en distintas regiones del país.

Como resultado de ese trabajo, la Federación reportó 1.479 ofertas voluntarias que representan más de 607.000 hectáreas distribuidas en 27 departamentos.

"Todo aquello que el Gobierno creyó pertinente hacer, lo hicimos. Tratamos de ser un buen coequipero respetando el espíritu y la letra del acuerdo", afirmó.

Aunque reconoce que los procesos de compra avanzaron con lentitud, considera que el acuerdo ayudó a disminuir la conflictividad sobre la propiedad rural y fortaleció la cooperación entre las instituciones.

Campesinos sin tierra

Sin embargo, para Lafaurie el mayor cuello de botella ya no está en la compra de predios.

A su juicio, el problema aparece cuando la tierra se entrega sin un proyecto productivo que permita aprovecharla y generar ingresos para las familias beneficiarias.

"Si tú le entregas una tierra a un campesino, pero no le pones el proyecto productivo encima, con crédito y asistencia técnica, el campesino termina siendo dueño de una tierra sin poder hacer nada. Los campesinos no comen tierra", sostuvo. Lea en CONtexto ganadero: Así es como la alianza Fedegán y ANT impulsa la transformación de la ganadería colombiana)

Insistió en que entregar un título de propiedad no basta si no existen herramientas para producir, acceder a tecnología, obtener financiación y conectar la producción con los mercados.

"La paz en Colombia pasa por el desarrollo rural. Puede haber entregas de tierras, pero esa no es la solución completa", señaló.

También considera que fortalecer la economía campesina reduce la vulnerabilidad de las comunidades frente a las economías ilegales y contribuye a consolidar la estabilidad de los territorios.

El reto sigue

El dirigente recuerda que Colombia cuenta con cientos de miles de pequeños ganaderos que sobreviven con explotaciones de baja escala y requieren políticas públicas que aumenten su productividad.

"Si esas familias reciben asistencia técnica, crédito, mejores vías y oportunidades para comercializar, será mucho más difícil que terminen atrapadas por economías ilegales", afirmó.

Desde esa perspectiva, Lafaurie concluyó que el acuerdo dejó una base importante de cooperación entre el Estado y el gremio ganadero. Sin embargo, sostiene que la siguiente etapa debe concentrarse menos en sumar hectáreas y más en garantizar que cada predio adjudicado se convierta en una empresa rural capaz de generar empleo, ingresos y desarrollo para las familias campesinas.