Un informe del ICP, ProBogotá y la Fundación para el Estado de Derecho alerta que el 82,7 % del país está bajo restricciones impuestas desde el nivel central. Denuncian que el modelo de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que limita el desarrollo regional, vulnera la descentralización y amenaza la seguridad jurídica y la libertad económica.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), impulsadas por el Gobierno nacional, estarían violando la Constitución y debilitando la autonomía de alcaldías y gobernaciones.

Así lo advierte un informe conjunto publicado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia).

El estudio revela que el 82,7 % del territorio nacional se encuentra hoy bajo restricciones centralizadas, impuestas mediante figuras creadas por el Ejecutivo. Estas limitaciones, según los autores, reducen el margen de acción de las autoridades locales y afectan la planificación territorial y el desarrollo económico regional.

“El Gobierno nacional está instrumentalizando el discurso de la protección de la tierra para imponer un modelo centralista que desconoce la autonomía territorial, las autoridades locales y las comunidades, y que amenaza los derechos de propiedad privada y la libertad de empresa consagrados en la Constitución”, advirtió Carlos Augusto Chacón, director del ICP.

El documento destaca que estas figuras se superponen sobre zonas con alto aporte al PIB y al sector primario, restringiendo actividades como la minería, la industria y el comercio.

Esto, según el análisis, pone en riesgo miles de empleos y fuentes fiscales en departamentos como Córdoba, Antioquia, Tolima y Cundinamarca, entre otros.

Por su parte, María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, señaló que las APPA y ZPPA se están creando mediante resoluciones sin respaldo de una ley orgánica, lo cual vulnera la seguridad jurídica y la autonomía local.

“Eso erosiona el derecho de propiedad y subordina los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, explicó.

Desde la Fundación para el Estado de Derecho, su representante legal, Andrés Caro Borrero, afirmó que la entidad ha asumido la defensa jurídica de la legalidad y la descentralización mediante acciones ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

“Nuestro propósito es garantizar que las actuaciones del Gobierno respeten la Constitución”, sostuvo. (Lea en CONtexto ganadero: ZAPPA-APPA Extinción y expropiación de propiedad-economía con dirección centralizada)

Las tres organizaciones hacen un llamado a la Corte Constitucional para que garantice la supremacía de la Carta Política y se respete la reserva de ley orgánica.

También instan al Gobierno nacional a reorientar las medidas hacia procesos participativos y técnicamente fundamentados, y al Congreso de la República a tramitar un marco normativo que equilibre protección ambiental, seguridad alimentaria y desarrollo productivo, sin vaciar las competencias de los municipios.**