Más de 48.000 tutelas en apenas dos meses llevaron a la Corte Constitucional a convocar una mesa de seguimiento al sistema de salud. Mientras el Gobierno insiste en que no hay problemas, está sobre la mesa la alerta ante un deterioro acelerado en el acceso a servicios y una creciente desconfianza ciudadana.
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El sistema de salud colombiano vuelve al centro del debate tras conocerse que, en solo dos meses, más de 48.000 tutelas llegaron a la Corte Constitucional por fallas en la prestación de servicios. La cifra motivó, incluso, la citación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que tendrá que estar en una mesa de seguimiento, en medio de un incremento de este tipo de recursos judiciales superior al 20 % en 2025.

Para Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá, el fenómeno refleja un problema que va más allá de cifras.

“Es evidente que hay un deterioro creciente en el sistema de salud desde prácticamente el 2022. Las tutelas se han duplicado, lo que demuestra la crisis que está viviendo el sistema de salud y que desafortunadamente este gobierno no quiere reconocer.”, afirmó.

Deterioro evidente

El aumento de tutelas, según Morales, responde a las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a servicios básicos como medicamentos, citas médicas o procedimientos. En su análisis, la ciudadanía ha tenido que recurrir cada vez más a la vía judicial ante la falta de respuestas oportunas.

“Esto demuestra que la gente no tiene otra alternativa que acudir al sector judicial ante la falta de respuesta a la entrega de medicamentos, a la asignación de citas o a la realización de procedimientos”, aseguró, al tiempo que calificó la situación como un deterioro creciente del sistema.

Problema estructural

Más allá de la coyuntura actual, Morales insistió en que el sistema arrastra fallas estructurales desde hace años, aunque el comportamiento reciente de las tutelas evidencia un agravamiento sin precedentes.

“Sin duda hay un problema estructural, pero nunca habían crecido como en estos últimos años (…) estamos ante un agravamiento producido, fundamentalmente, por el desfinanciamiento al cual sometió este gobierno el sistema de salud”, reiteró.

En ese sentido, señaló que la falta de recursos ha afectado directamente la operación de hospitales, clínicas y proveedores. “Si no hay plata, no hay pago, y si no hay pago, no se presta el servicio”, sostuvo, al advertir sobre una deuda que podría superar los 30 billones de pesos.

Sobre la actuación de la Corte Constitucional, Morales consideró que se han quedado cortos los llamados de atención. “Me parece que la Corte tiene que actuar con contundencia porque el ministro sigue desconociendo sus órdenes (…) ya no es un tema de explicaciones sino de decisiones”, aseguró.

Brecha rural y pérdida de confianza

El impacto de la crisis, según el experto, es aún mayor en las zonas rurales, donde históricamente el acceso a la salud ha sido limitado. Allí, incluso, la magnitud del problema podría estar subestimada por la falta de acceso a mecanismos como la tutela.

“En esas zonas nunca ha llegado plenamente la salud y tampoco hay acceso a mecanismos de defensa de derechos como en las ciudades, por lo que la situación podría ser más grave de lo que reflejan las cifras”, afirmó.

Finalmente, Morales advirtió que el país enfrenta, no solo una crisis financiera, sino también una falta de confianza en el sistema. “Hay una pérdida de legitimidad tanto de los actores del sistema como de la ciudadanía (…) la gente ya no cree que el sistema le vaya a responder”, señaló.

A su juicio, el reto inmediato pasa por restablecer el flujo de recursos y garantizar la atención, mientras en el mediano plazo se deben discutir reformas de fondo. “No basta con discursos, el próximo gobierno tendrá que mostrar con hechos concretos cómo va a recuperar el sistema de salud”, concluyó.