La investigación señala que nueve integrantes de la asociación habrían manipulado procesos contractuales y direccionado recursos públicos en lo que sería el mayor escándalo de corrupción en su tipo en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la imputación de cargos contra nueve integrantes de la asociación Aremca, señalados de participar en un esquema de corrupción que habría afectado de forma significativa recursos provenientes del sistema de regalías.

El ente acusador calificó el caso como “el más grande” en su tipo en el país, debido al volumen de contratos comprometidos y las irregularidades detectadas.

Durante las audiencias preliminares, el fiscal del caso expuso cómo los implicados habrían implementado mecanismos para alterar procesos de contratación pública, afectando principios básicos de transparencia.

Según explicó, las prácticas detectadas vulneraron la ley y evidencian un patrón sistemático de manipulación de información.

Prácticas irregulares

Uno de los aspectos más graves señalados por la Fiscalía tiene que ver con la forma en que se direccionaban contratos mediante invitaciones privadas previamente definidas. El fiscal explicó que se trataba de un esquema diseñado para simular legalidad en los procesos.

“Como característica más grotesca, realizaban invitaciones privadas a personas seleccionadas por el grupo de delincuencia organizada, a quienes les enviaban tres invitaciones privadas para que una de ellas fuese la feliz ganadora”, señaló el funcionario, al describir lo que calificó como “prácticas grotescas” dentro del sistema de contratación.

Estas acciones, según la investigación, incluían la omisión o alteración de información en plataformas oficiales, lo que impedía la libre competencia y garantizaba la adjudicación a contratistas previamente escogidos.

El “contrata a dedo”

Otro de los puntos clave del proceso es la figura del denominado “contrata a dedo”, con la cual, según la Fiscalía, se asignaban contratos sin cumplir los requisitos legales establecidos. Este mecanismo habría sido utilizado de manera reiterada en proyectos financiados por alcaldías y gobernaciones.

El fiscal fue enfático al cuestionar la legalidad de estas prácticas: “Era un contrata a dedo porque ustedes sabían que no era un régimen exceptuado, pero adicional, si ello sí lo fuere, tenían que cumplir con los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política que son: igualdad, imparcialidad, moralidad y publicidad”, dijo, al referirse al desconocimiento de normas básicas.

En total, se habrían comprometido cerca de cien contratos, muchos de los cuales incumplieron requisitos esenciales, lo que refuerza la tesis del ente acusador sobre un posible entramado organizado para desviar recursos públicos.

Lo que sigue

La Fiscalía anunció que presentará ante un juez de control de garantías el conjunto de pruebas recopiladas, con el objetivo de solicitar medidas de aseguramiento contra los implicados. De prosperar esta solicitud, los procesados podrían enfrentar penas de prisión mientras avanza el proceso judicial.

Cabe señalar que quien sería el cabecilla de esta red no participó en la audiencia por problemas de salud relacionados con hipertensión, por lo que su situación será evaluada de manera independiente.

El caso Aremca se perfila como uno de los más relevantes en materia de control fiscal y lucha contra la corrupción, especialmente por el impacto que tuvo sobre recursos destinados al desarrollo regional. Mientras avanza el proceso, las autoridades buscan establecer el alcance total de las irregularidades y las responsabilidades individuales dentro de este entramado.