Varios sectores ponen en duda la legitimidad del proceso y advierten que se trataría de una persecución política disfrazada de justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La reciente decisión judicial que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una tormenta política y jurídica en Colombia. El fallo, emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, no solo ha sido objeto de análisis legales, sino también blanco de duras críticas por parte de sectores políticos, líderes gremiales y figuras internacionales que cuestionan la imparcialidad del proceso y alertan sobre una supuesta politización de la justicia.

Uno de los pronunciamientos más llamativos vino desde Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado e influyente figura del Partido Republicano, manifestó: “El único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender a su patria. La instrumentalización del poder judicial en Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”. Rubio no solo expresó su respaldo a Uribe, sino que apuntó directamente a una supuesta manipulación ideológica dentro del sistema judicial colombiano.

En la misma línea se pronunció la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien calificó la sentencia como un acto de arbitrariedad. “No fue un fallo contra el expresidente Uribe, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia”, señaló, al tiempo que anticipó que el proceso continuará con una apelación, e incluso una eventual casación.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), también criticó duramente a la jueza Heredia. “Cuando una jueza introduce connotaciones ideológicas antes de fallar, se compromete la percepción de imparcialidad”, indicó, haciendo eco de voces jurídicas que consideran que el proceso tomó un giro político más que legal. “No me resigno frente a un juicio político. La justicia es la garantía que tiene todo ciudadano para convivir en un estado de derecho”, añadió.

Desde el Congreso, el representante a la Cámara Óscar Villamizar calificó el fallo como una “persecución política disfrazada de proceso judicial”. En una declaración en Bucaramanga, Villamizar aseguró: “No hay una sola prueba concluyente, pero sí muchas intenciones oscuras. Lo que ha vivido el presidente Uribe no es justicia”, reiterando su llamado a movilizarse en respaldo del exmandatario.

Entre tanto, el concejal bogotano Daniel Briceño centró su crítica en los aspectos técnicos de la decisión judicial. “El fallo contra Álvaro Uribe Vélez está lleno de errores jurídicos, de valoración de pruebas e interpretaciones inexactas. Acepta pruebas irregulares y funda su decisión en testimonios sospechosos de gente cuestionada”. No obstante, expresó confianza en que una segunda instancia pueda revertir el fallo.

Uno de los defensores más vehementes fue el abogado Abelardo de la Espriella, quien hizo un llamado abierto a la movilización ciudadana. “Vamos a la calle a gritar con fuerza: ¡Uribe inocente! Hoy hablo desde el corazón, con la serenidad que da la verdad, pero con el dolor profundo de ver cómo se persigue al hombre que salvó a Colombia”. Para De la Espriella, el juicio no tiene naturaleza jurídica, sino que se trata de un “montaje político”.

La jueza Sandra Liliana Heredia ha evitado pronunciarse frente a las críticas, amparándose en la reserva judicial y en los principios de independencia de su función. El fallo que emitió, cuyo contenido completo aún se está analizando, ha generado una ola de reacciones que evidencian la profunda polarización que rodea al caso del expresidente Uribe, un personaje que sigue despertando fervores y rechazos por igual en el escenario nacional.