La negativa de la Fiscalía a liberar a 29 integrantes de ese grupo ilegal propició un pulso de fuerza con el Gobierno nacional. El debate gira alrededor de los límites jurídicos de la política de “paz total”, el alcance del artículo 22 de la Constitución y hasta dónde puede llegar el Ejecutivo.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de negar, por ahora, la solicitud del Gobierno de Gustavo Petro para excarcelar a 29 miembros del Clan del Golfo volvió a encender el debate sobre los alcances de la llamada “paz total” y los límites constitucionales entre las ramas del poder público.

El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás sede Medellín, Andrés Úsuga Marín, aseguró en entrevista con CONtexto, que detrás de esta controversia existe una profunda confusión jurídica sobre las facultades presidenciales y el alcance del artículo 22 de la Constitución, conocido como el artículo de la paz.

Según explicó, no todas las situaciones jurídicas de los integrantes de grupos armados son iguales y por eso las solicitudes del Gobierno deben analizarse caso por caso.

“No es lo mismo suspender órdenes de captura que liberar personas ya condenadas o frenar procesos de extradición”, señaló.

Úsuga indicó que en el listado remitido por el Ejecutivo a la Fiscalía había personas en distintas condiciones judiciales: prófugos, detenidos y condenados con solicitudes de extradición, como en el casi de alias ‘Chiquito malo’.

“El Gobierno vende una cosa, pero no le cuenta a la gente que dentro de esa lista hay personas con múltiples situaciones jurídicas, incluso cabecillas con pedidos de extradición”, dijo.

El debate constitucional

El jurista explicó que gran parte de la controversia nace de la interpretación que durante años se le ha dado al artículo 22 de la Constitución Política, el cual establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

A juicio de Úsuga, esa disposición ha sido utilizada para justificar amplias facultades presidenciales en materia de negociación con grupos armados, aunque insiste en que el artículo tiene una redacción ambigua.

“La paz es un derecho”, recordó, pero advirtió que eso no significa que el presidente pueda actuar sin límites.

“Ese artículo ha generado mucha confusión no solamente en la opinión pública, sino también en las propias autoridades. Le han vendido al país la idea de que el presidente puede hacer lo que quiera en nombre de la paz y eso no es cierto”, aseguró.

El exdecano sostuvo que el marco jurídico derivado de la Ley 418 de 1997 sí permite acercamientos y procesos de paz, pero dentro de parámetros legales y bajo supervisión institucional. Según dijo, la actual política de “paz total” amplió aún más esas interpretaciones.

“Se ha convencido a la gente de que el presidente puede hacer cualquier cosa invocando la paz. Pero existen límites constitucionales e incluso internacionales para ese tipo de negociaciones”, afirmó.

El pulso con la Fiscalía

Frente a la respuesta de la Fiscalía, Úsuga consideró que la decisión de aplazar cualquier determinación hasta después del 25 de junio también tiene un componente político e institucional.

“La fiscal está buscando protegerse institucionalmente y también proteger su futuro. Ella sabe que al Gobierno le queda poco tiempo y que cualquier decisión frente a cabecillas con solicitudes de extradición puede traer consecuencias internacionales”, manifestó.

El abogado agregó que la negativa temporal de la Fiscalía termina favoreciendo al país porque evita decisiones apresuradas frente a personas investigadas o condenadas por delitos graves. “Medida positiva”, calificó la postura del ente acusador.

Incluso, advirtió que una eventual liberación de figuras de alto perfil criminal podría generar tensiones con Estados Unidos y afectar la cooperación judicial internacional.

Las sospechas políticas

Úsuga fue más allá y aseguró que detrás de la solicitud del Gobierno existiría un interés electoral de cara al próximo escenario político nacional.

“Lo que pretenden es que esos grupos ayuden en elecciones en las regiones donde tienen control territorial. Eso es lo que muchos en Medellín interpretamos como un ‘Pacto de La Picota 2.0’, pero esta vez con los cabecillas afuera”, sostuvo.

El jurista afirmó que estructuras criminales tienen influencia en varias zonas del país y podrían ejercer presión sobre comunidades vulnerables. “La intención sería mantener el statu quo criminal a cambio de apoyo político”, aseguró.

Finalmente, señaló que la decisión definitiva de la Fiscalía dependerá en buena medida del ambiente político posterior a las elecciones. “Dependiendo de quién gane, la Fiscalía sabrá si juega hacia la continuidad o si rechaza definitivamente la solicitud del Gobierno”, concluyó.